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La violencia contra las mujeres no parece presentar un pico de descenso en el país, la impunidad de los agresores se acrecienta, en un escenario que arrastra también a los menores, en especial niñas víctimas de maltrato o de muertes rodeadas de misterio, donde las respuestas de la autoridad siguen pendientes.
De enero a la fecha, al menos tres hechos relacionados con las féminas y menores han sido de impacto mediático, y en ambos las autoridades de la Secretaría de Seguridad ha generado expectativas de solución que comienzan a desvanecerse. El primero fue la desaparición de la joven Angie Peña, ocurrida en enero de este año.
Las versiones oficiales han estado llenas de contradicciones y la madeja del hilo, lejos de desenredarse, se enreda aún más. De estar “cerca” de resolver el caso y encontrar a Angie Peña, ahora la última versión es que estaría en poder de una red de trata que opera en Islas de la Bahía.
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En junio de este año, la muerte de una menor en Lepaera, Lempira, a manos presuntamente de su mascota, un perro de la raza pitbull, cobró las primeras planas, y de acuerdo a versiones extraoficiales atribuidas a fuentes que investigan el caso, la causa de su muerte sería otra.
Las autoridades nuevamente sembraron expectativas de solución, casi que señalaron un presunto responsable, pero el caso, hoy por hoy, está archivado. El perro sigue siendo el principal sospechoso. En julio, de nuevo los medios reportaron la desaparición de una joven en Intibucá, Belkis Molina, quien laboraba en una cooperativa de la zona.
La reacción policial fue que la investigación estaba sustancialmente avanzada. Anunciaron primeras capturas, ha ofrecido una recompensa de 100 mil lempiras, han dicho que “está viva”, siguen hallando “más pistas”, pero a la fecha, no hay certeza de nada.
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Sus familiares, recientemente, expresaron su desencanto con la autoridad policial y de la Secretaría de Seguridad al sentirse “engañados” y manipulados. El manejo que la autoridad ha hecho de estos casos, lejos de esclarecer, oscurece.
La estrategia de comunicación ha sido mal planteada, y si continúa ese afán de “impactar” sin respaldo, el efecto rebote será devastador. Pero no solo las autoridades de seguridad han incurrido en los relatos exagerados de solución rápida a casos complicados, que implican la vida de las personas y el avance de las propias investigaciones.
A estas narrativas se suman quienes, bajo el fenómeno del problema de la trata, buscan elevar perfil a sus instituciones, aunque sea promoviendo globos sondas, sin medir el impacto ni la gravedad de lo que implica abordar estas redes criminales sin una estrategia adecuada. Las respuestas a los casos aquí expuestos, siguen pendientes.
La ciudadanía quiere seguridad, pero no show ni publicidad; quiere verdad y justicia, no encubrimiento o distractores que a la larga alimentan la impunidad y alejan a las instituciones de la credibilidad y confianza ciudadana a la que aspiran y deben aspirar con sus acciones. Es tiempo de una pausa para reflexión.
