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Una enorme polvareda se ha levantado a resultas de la aprobación en el Congreso Nacional de una iniciativa que transfiere poderes amplios a la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de la Corrupción (Uferco).
Los ideólogos de dicha reforma se han esforzado por exponer su teoría basada en la independencia de la Uferco para allanar el camino a la CICIH, cuya presencia se concretaría dentro de algunos meses; hacer expedita la investigación de casos de corrupción y llevar a la cárcel a los inmorales que se roban los bienes y fondos públicos.
Y es verdad que ha sido tibia la impartición de la ley en nuestro país. En general, el Ministerio Público ha tenido una acción gris en la persecución y requerimiento de los personajes que han saqueado las arcas.
No hacemos exención del Poder Judicial que, en muchos casos, ha sido cómplice de las turbias interpretaciones de la ley, todo lo cual ha hecho posible que los «bandoleros de cuello blanco» se salgan con la suya y gocen de impunidad.
Esto no lo podemos ocultar. Lo que está en cuestionamiento es cómo se ha concebido el esquema que otorga poderes a la Uferco, dado que, según algunos juristas, le convierten en una fiscalía paralela y otros versados lo califican como una transgresión al orden institucional y una fractura a la jerarquía del Ministerio Público.
Esta discusión tendría que ser eminentemente jurídica y no de tinte político-sectario e ideológico. Hay que lamentar que estemos imbuidos en un nuevo conflicto que no era necesario que se gestara si se hubiesen abierto los espacios de un diálogo incluyente, de un debate de altura y de una exposición sincera de argumentos.
Las posturas son contrastadas. Los políticos a quienes se atribuye el parto de la Uferco revestida de plenos poderes, sostienen que el decreto aprobado rompe el círculo de la impunidad.
Y las bancadas de la oposición han denunciado que se ha puesto en peligro el principio de la deliberación legislativa y el Estado de Derecho; de paso, han llamado al pueblo a salir a protestar a las calles.
Todo esto es derivación de las prácticas dudosas que se han cultivado en el Congreso Nacional y que en la actual legislatura parece que se perpetúan.
En el expediente sobre las atribuciones mayores concedidas a la Uferco, resalta la sospecha si fueron aprobadas legítimamente o si fue movido el tinglado de los arreglos velados entre los políticos.
Si este último fuera el caso, se habría colocado en malos pasos la actuación del Poder Legislativo en lo relacionado con asuntos preeminentes como la persecución del delito de corrupción y la administración de la justicia.
Alrededor de estos temas es que se han generado mayores enfrentamientos ideológicos, desacuerdos políticos y fracturas en las instituciones y en nuestro Estado de Derecho. ¿A qué consecuencias nos enfrentamos?
