El pasado 7 de marzo se realizó en Miami Florida, USA, la “Cumbre del Escudo de las Américas” convocada por el presidente de los Estados Unidos de América (USA) y con la participación de doce presidentes de América Latina y del Caribe; cinco de ellos de Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana-SICA (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana).

La cumbre fue convocada por USA para conformar una “coalición histórica” con el objetivo holístico o integral de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” de todos los Estados participantes.

Ese objetivo democrático está acorde con las Constituciones de los Estados latinoamericanos y del Caribe que fueron convocados, por lo que éstos asistieron y reiteraron la importancia de la cooperación hemisférica en defensa de la soberanía nacional, la libertad política, el desarrollo, el orden público y la migración.

Por eso, el presidente de Honduras expresó el compromiso con la democracia, el desarrollo y la alianza regional para “… enfrentar los desafíos y construir un futuro de estabilidad y oportunidades para nuestros pueblos”.

En atención a ese objetivo global entre gobiernos de Estados democráticos: la cumbre comenzó por ocuparse del objetivo específico de la seguridad continental, en lo concerniente a amenazas internas y externas y, en especial, en lo concerniente a la lucha contra los cárteles de las drogas por medio de inteligencia militar, entrenamiento y coordinación de la acción efectiva de las fuerzas militares.

Así, el presidente de USA expresó que su secretario de Guerra organizó la “Coalición Anticártel de las Américas” como un compromiso de líderes militares y representantes de diecisiete países para demostrar que la región está lista para desplegar la capacidad de su poder militar con el propósito de influir en el comportamiento de otros actores (nacionales e internacionales) de cárteles y redes terroristas asociadas, así como influencias del hemisferio occidental contrarias a la democracia pluralista y al Estado de derecho.

Es decir que, los otros dos objetivos específicos (libertad y prosperidad de los pueblos) están pendientes y deberán ser abordados en la próxima cumbre presidencial para —en reciprocidad a la “Coalición Anticartel de las Américas”— lograr compromisos firmes de cooperación bilateral y multilateral de corto, mediano y largo plazo para los Estados latinoamericanos y del Caribe que ayuden a superar la pobreza e impulsar el desarrollo integral de nuestros pueblos.

En el caso de los presidentes centroamericanos que participan en la coalición, todos están constitucionalmente electos, lo que constituye el fundamento y objetivo superior de la seguridad y democracia de sus Estados.

Todos esos Estados son también miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuyo objetivo fundamental es convertir a Centroamérica en región de libertad, democracia, desarrollo y paz; como un todo indivisible sustentado en la tutela, respeto y promoción de la dignidad y derechos humanos.

En esta subregión ístmica se reconoce la acción de construcción del desarrollo nacional sostenible, integral e inclusivo mediante la superación de la pobreza, la promoción del crecimiento económico, la protección del medio ambiente, la biodiversidad y el patrimonio cultural.

La seguridad, por tanto, es el instrumento que debe acompañar y resguardar la acción de construcción nacional de los Estados del istmo centroamericano para erradicar —entre otros males públicos— la narcoactividad, el terrorismo, el tráfico de armas y personas, la corrupción y la impunidad.

Todo ello tiene sólido sustento en las constituciones de dichos Estados y en los tratados subregionales como el Protocolo de Tegucigalpa, la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, así como otros tratados y actos de la región.