En artículos anteriores se ha precisado la posición más importante de la dignidad y derechos del ser humano y del bien común de los pueblos como fin supremo y razón de ser de los Estados democráticos de Derecho, así como el papel de la seguridad democrática como instrumento para garantizar esa superior finalidad social en Honduras y el istmo centroamericano.

Ello sucede también a nivel de la solidaridad y cooperación de las Américas, donde la seguridad democrática es condición esencial del legítimo ejercicio del poder político de los gobiernos de los Estados americanos en el cumplimiento de su obligación de defender el derecho a la democracia: un derecho vinculado con la dignidad y derechos humanos, el derecho de libre determinación de los pueblos, de la libertad, del desarrollo integral y combate a la pobreza, y de la paz.

Así lo declara y consagra —entre otros instrumentos internacionales— la Carta Democrática Interamericana, que dispone que la solidaridad y cooperación entre Estados de las Américas debe tener presente que es sustancial su organización política sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia, y que la promoción y consolidación de la democracia en las Américas está unida inseparablemente con la promoción y protección de los derechos humanos por ser ésta una condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática en todos los Estados.

Esas bases jurídicas y políticas vitales en toda organización democrática de cooperación en las Américas incluyen la lucha contra la pobreza como parte indispensable para la promoción y consolidación de la democracia, así como del consiguiente desarrollo integral sostenible e inclusivo basado en la justicia y la equidad. Es decir, todo lo que constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos.

Ante esa responsabilidad común y compartida de los Estados Democráticos de Derecho en las Américas, sus gobiernos deben recordar siempre el derecho a la soberanía, a la libre determinación, a la democracia, al desarrollo y a la justicia —tal como lo proclaman sus constituciones— de sus respectivos pueblos; y que cada Gobierno legítimo debe limitarse a cumplir su obligación de promover y defender esos derechos expresados en normas imperativas para asegurar su libertad, bien común y su prosperidad.

La “Cumbre del Escudo de las Américas”, coincidentemente, tiene por objetivos los siguientes: la seguridad, la libertad y la prosperidad.

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De este modo, el objetivo de seguridad se logró con la formalización para la acción de la “Coalición Anticarteles de las Américas”, una alianza que asegura, principalmente, la seguridad para el desarrollo sostenible del pueblo norteamericano con apoyo aliado de Estados democráticos de Derecho de Latinoamérica y el Caribe.

Están pendientes aún los objetivos de libertad y prosperidad de los pueblos de los Estados de Honduras, del Istmo Centroamericano, del Caribe y de América del Sur.

Así, es el turno de la recíproca cooperación equitativa esencial para la
vida efectiva de la “Cumbre del Escudo de las Américas”, posibilitando a los gobiernos aliados recibir cooperación bilateral y multilateral de parte de los Estados Unidos de América (USA) para asegurar, a sus respectivos pueblos, la construcción de su propio diseño de desarrollo sostenible, de su libertad, bienestar y prosperidad.

Como ciudadano elector hondureño tiendo a creer que ese enfoque es compartido también por el Sr. presidente constitucional de Honduras que, el 19 de marzo, reprodujo en su red social X, el mensaje siguiente:

“En Honduras creemos en el diálogo y la cooperación regional. La Cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente DonaldTrump, es una oportunidad para fortalecer alianzas que impulsen desarrollo, seguridad y prosperidad para nuestros pueblos. Honduras reafirma su compromiso con la seguridad, la cooperación y la defensa de la democracia, mientras que, como región, podemos enfrentar los desafíos y construir un futuro de estabilidad y oportunidades para nuestros pueblos".

Para ello es necesario actuar estratégicamente, porque el pueblo de Honduras espera que el nuevo Gobierno evidencie el inicio y la evolución de la transformación nacional. A ese efecto, se hace necesario poner fin a una tradicional y poco productiva cooperación internacional que se ha venido recibiendo para atender dispersas y necesidades cortoplacistas y circunstanciales que nunca han respondido al propósito de transformar Honduras.

El tiempo impostergable para comenzar a hacerlo mediante el cambio estructural positivo que conduzca a la consolidación democrática, al desarrollo sostenible, al afianzamiento de la justicia, la libertad, el bienestar general y la prosperidad del pueblo hondureño, es hoy.

Ese es nuestro derecho y expectativa democrática como pueblo en la acción diligente de nuestro Gobierno para asegurar su logro como aliado de la “Cumbre del Escudo de las Américas” y como parte de la “Coalición Anticarteles de las Américas”.

Esperamos que el presidente de Honduras promueva la defensa de ese derecho y expectativa democrática con positiva respuesta y concreta cooperación bilateral y multilateral con los Estados Unidos de América.

Sobre lo anteriormente expresado, volveremos con mayor precisión y detalle en otra ocasión propicia.

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