El cierre de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) no puede leerse como una simple reestructuración administrativa.

Lo que el propio comunicado de la Secretaría de Seguridad deja entrever es mucho más delicado y peligroso: posibles operaciones ilegales, abusos de poder, allanamientos fuera de la ley, fallas graves de mando y agentes actuando al margen de los parámetros legales que deberían regir a cualquier institución armada del Estado.

En otras palabras, el Estado hondureño está reconociendo públicamente que dentro de una de sus unidades élite ocurrieron hechos que podrían constituir delitos.

Y allí es donde comienza el verdadero problema, porque si después de semejante admisión no existen investigaciones serias, requerimientos fiscales y procesos judiciales contra quienes resulten responsables, entonces el mensaje que se enviará al país será devastador: que las instituciones pueden admitir irregularidades, reconocer abusos y aun así garantizar impunidad a quienes operaron bajo su estructura.

No se puede hablar de posibles delitos y luego reducir todo a un “cambio administrativo”. No se puede intentar pasar la página únicamente cambiando nombres, uniformes o mandos. Eso no sería una depuración. Al contrario, sería encubrimiento institucional.

El caso de los cinco agentes de la DIPAMPCO muertos en un operativo en Corinto, Omoa, Cortés, que las mismas autoridades califican como ejecutado fuera de los parámetros legales terminó abriendo una grieta que ahora expone algo mucho más profundo: durante años, decenas de ciudadanos denunciaron abusos, atropellos, amenazas y actuaciones arbitrarias cometidas por agentes amparados bajo el denominado estado de excepción.

Muchos hondureños vieron cómo el miedo dejó de venir solamente de las estructuras criminales y comenzó también a crecer frente a quienes tenían la obligación de protegerlos.
Ese es el daño más peligroso, porque cuando la ciudadanía pierde confianza en su Policía, el Estado comienza a fracturarse desde adentro.

Durante años, Honduras intentó sostener el discurso de una lucha frontal contra el crimen organizado. Pero ninguna estrategia de seguridad puede construirse sobre abusos, ambición desmedida o agentes que terminan creyéndose intocables. Combatir la criminalidad no autoriza a violentar la ley, mucho menos cuando se hace utilizando el poder y las armas del propio Estado.

Ahora la Policía Nacional enfrenta su mayor prueba de fuego. No basta con cerrar una unidad, tampoco con ofrecer conferencias de prensa o prometer reestructuraciones internas. Lo que el país necesita son hechos concretos. Transparencia. investigaciones independientes, responsabilidades individuales. Y sobre todo, señales claras de que servir y proteger no seguirá siendo únicamente un lema vacío.

La institución policial todavía tiene una oportunidad de recuperar parte de su credibilidad. Pero esa posibilidad dependerá de algo muy sencillo: demostrar que ningún uniforme está por encima de la ley.

Porque si el cierre de la DIPAMPCO termina convertido en un simple maquillaje institucional, Honduras no habrá desmontado una estructura cuestionada. Solo habrá cambiado el rótulo de una herida que sigue abierta. Y esta vez, todos los hondureños estarán observando.

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