El Congreso Nacional de Honduras se encuentra en una encrucijada que va más allá de una pugna política: autoconvocatoria o Comisión Permanente.

Ese dilema sintetiza el choque entre la legalidad y el control político que hoy sacude al Poder Legislativo, a semanas de un cambio de periodo legislativo.

Las bancadas opositoras, amparadas en el artículo constitucional que permite autoconvocar al pleno con la mitad más uno de sus miembros, anunciaron una sesión extraordinaria para el martes 28 de octubre a las tres de la tarde.

La meta: romper la parálisis legislativa y evitar que un reducido grupo de diputados, bajo el nombre de Comisión Permanente, concentre el poder.

Pero el desafío no será solo reunir quórum. Como advierte el analista político Kenneth Madrid, el problema de fondo es que “todas las instituciones están cooptadas por el poder político” y que el sistema de pesos y contrapesos dejó de funcionar.

“Eso mismo puede suceder en esta ocasión: que esté realizada la autoconvocatoria, pero la Junta Directiva desconozca la legalidad del decreto e instale la Comisión Permanente, como ya ocurrió antes”, señala Madrid.

La autoconvocatoria y la Comisión Permanente, un precedente peligroso

El escenario no es nuevo. En legislaturas anteriores, la Junta Directiva extendió el periodo de sesiones y luego desconoció su propio decreto para instalar una Comisión Permanente, anulando la voluntad de la mayoría.

Madrid recuerda que en esa ocasión el presidente del Congreso cometió un delito al usurpar funciones del pleno, y advierte que podría repetir la historia.

“El detalle es que la instalación de la Comisión Permanente debe hacerse en sesión con los 128 diputados. No es potestad del presidente de la Junta Directiva decidirlo”, subraya el analista.

Lo que podría parecer una disputa de procedimientos encierra un riesgo mayor: cuando la minoría impone su voluntad sobre la mayoría, se erosiona el principio democrático y se abre paso al autoritarismo.

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La democracia en Honduras ante el espejo

Para Kenneth Madrid, lo que ocurre en el Congreso no es una simple confrontación política, sino un reflejo del deterioro institucional del país.

“Estos rasgos de autoritarismo dañan la relación de un Estado de derecho democrático y participativo, atentan contra la representación popular y, al hacerlo, cometen delitos de traición a la patria”, advierte.

El control sobre el Ministerio Público y la pasividad de las Fuerzas Armadas frente a los conflictos del poder civil agravan el panorama.

La falta de independencia institucional convierte al Congreso Nacional en un espacio vulnerable a la manipulación del poder.

La justificación oficial para no sesionar: las fumigaciones por plagas en el hemiciclo la catalogan los críticos como una excusa política para evitar el debate.

Mientras tanto, las decisiones urgentes se acumulan, y el país enfrenta el riesgo de quedar en manos de un grupo reducido de diputados.

El llamado a defender la institucionalidad

La diputada Maribel Espinoza, una de las impulsoras de la autoconvocatoria, insiste en que no se trata de una rebelión, sino de una acción legítima para restablecer la normalidad democrática.

“Esta medida no busca confrontar, sino devolverle al Congreso su papel de representación ciudadana. La autoconvocatoria es un derecho cuando la Junta Directiva incumple con su deber de convocar”, afirmó.

El llamado convoca a los 128 diputados propietarios sin distinción de bancada, en un intento por rescatar el espíritu plural que dio origen al Congreso.

Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de la unidad opositora y de la disposición de cada legislador a desafiar la inercia del poder.

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¿Qué está en juego en el Congreso Nacional?

La elección entre la autoconvocatoria o la instalación de la Comisión Permanente definirá el rumbo de la democracia hondureña.

Si se impone la Comisión, un grupo de nueve diputados decidirá el destino legislativo de Honduras sin la participación del pleno, repitiendo la fórmula utilizada para aprobar decisiones polémicas como el nombramiento del fiscal general interino.

Por el contrario, si la autoconvocatoria logra materializarse, el Congreso podría recuperar su autonomía y enviar un mensaje de resistencia democrática frente al autoritarismo.

En cualquier caso, la sesión del 28 de octubre no será una más. Representará una prueba de fuego para la institucionalidad hondureña y para la credibilidad del sistema político.

Entre la autoconvocatoria y la Comisión Permanente se define mucho más que una agenda legislativa.

Honduras se juega el equilibrio entre la ley y la obediencia, entre la democracia viva y una institucionalidad vacía.

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