La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de Honduras a una audiencia pública que se celebrará el próximo 5 de agosto en Washington D. C., donde se abordará la situación de la independencia judicial en el país y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de administración de justicia.
La audiencia se desarrollará durante el 196 período de sesiones del organismo y surge tras una serie de acontecimientos que reactivaron el debate sobre la separación de poderes y las garantías del debido proceso en Honduras.
Juicio político al fiscal general detonó el proceso
La controversia comenzó el 23 de marzo de 2026, cuando el Congreso Nacional inició un juicio político contra el entonces fiscal general, Joel Zelaya.
Dos días después, el funcionario fue destituido de su cargo, una decisión que despertó cuestionamientos por parte de diversos sectores debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia emitida en noviembre de 2023, ya había señalado que la normativa hondureña sobre el juicio político presentaba incompatibilidades con los estándares internacionales de independencia judicial.
En ese fallo, conocido como Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, el tribunal ordenó al Estado adecuar su legislación para garantizar la autonomía de las instituciones de justicia.
CIDH pidió explicaciones al Estado hondureño
Como parte del seguimiento a ese fallo, el 10 de abril de 2026 la CIDH activó el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y solicitó formalmente información al Estado hondureño.
Entre los puntos requeridos figuraban las medidas adoptadas para reformar la legislación sobre el juicio político, garantizar el debido proceso y asegurar recursos judiciales efectivos para quienes sean sometidos a ese procedimiento.
La Comisión concedió un plazo de 15 días para que Honduras respondiera a los requerimientos.
Organizaciones solicitaron una audiencia internacional
Semanas después, el 23 de abril, varias organizaciones nacionales e internacionales presentaron una petición para que la CIDH celebrara una audiencia pública sobre la independencia judicial en Honduras.
En la solicitud señalaron que persisten problemas estructurales relacionados con el funcionamiento del sistema de justicia, entre ellos la concentración de facultades administrativas en la Corte Suprema de Justicia, la utilización del juicio político contra altos funcionarios judiciales y electorales, la cancelación de nombramientos y la influencia política en la designación de autoridades.
También manifestaron preocupación por el incumplimiento de recomendaciones y sentencias emitidas previamente por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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Audiencia se realizará en agosto
Tras analizar la petición, la Comisión notificó oficialmente al Gobierno hondureño el 8 de junio que celebrará una audiencia pública el próximo 5 de agosto en Washington D. C.
Durante la sesión, el Estado tendrá la oportunidad de exponer su posición y presentar la documentación que considere pertinente respecto a la situación del sistema judicial hondureño.
Posteriormente, el 18 de junio, la Procuraduría General de la República solicitó al Ministerio Público y a otras instituciones del Estado información actualizada para preparar la defensa oficial de Honduras ante el organismo internacional.
Analizarán independencia judicial y separación de poderes
La audiencia no solo abordará el juicio político promovido contra el exfiscal general, sino también otros aspectos relacionados con la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes, las garantías del debido proceso y el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Honduras en materia de derechos humanos.
El encuentro permitirá que la CIDH escuche tanto la posición del Estado como los planteamientos de las organizaciones peticionarias antes de emitir sus valoraciones sobre el caso.
