"En la escogencia de los candidatos se debe garantizar al pueblo hondureño la transparencia en el proceso y la idoneidad personal y profesional", declaró el director de Despacho del Conadeh, Ricardo López.

El Conadeh es una de las seis instituciones que integran la Junta de Proponentes de candidatos a fiscal general, que evalúa a los postulantes y elabora una nómina de cinco candidatas y candidatos, a quienes se somete a votación del Congreso Nacional.

Con 86 votos como mínimo, los 128 legisladores eligen, entre esa nómina, al fiscal general y al fiscal general adjunto, quienes duran en sus cargos cinco años.

Por ello, la Defensoría del Pueblo insistió este día que "deberán ser personas de reconocida idoneidad moral y ética, y con el valor suficiente para hacerle frente a los peligros que debe enfrentar en el cargo".

El proceso

Con relación las personas que integrarán la Junta de Proponentes, el Conadeh pidió que "reúnan muchos criterios de idoneidad, respeto e integridad moral alta".

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Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, son las únicas personas que tienen confirmada su presencia en la Junta de Proponentes.

Esta comisión, similar a la Junta Nominadora que envió al Congreso Nacional a los candidatos a magistrados de la CSJ -elegida el pasado 16 de febrero-, estará además integrada por otro magistrado de la Corte, que será elegido por el pleno.

Adicionalmente, habrá un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), uno de las universidades privadas, uno del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y otro de la sociedad civil.

Proceso demorado

Sin embargo, organizaciones de sociedad civil, como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), han denunciado demoras relacionadas con la convocatoria a las y los postulantes.

Mientras tanto, desde el Congreso Nacional se habla de cambios. Los tres partidos políticos principales, Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal, barajan la posibilidad de elevar a rango constitucional al director de la Fiscalía o de crear un segundo fiscal general adjunto.

El fiscal general, Óscar Chinchilla, y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, dejarán sus cargos el 31 de agosto de 2023, y serán reemplazados por las escogencias que efectúe el Legislativo.

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