La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, aseguró este lunes que agotarán todas las instancias para lograr acuerdos mediante el diálogo, a fin de alcanzar armonía en el organismo electoral de cara a las elecciones generales de noviembre próximo.
Mediante una conferencia de prensa, la titular del CNE lamentó la negativa del consejero Marlon Ochoa de participar en la reunión de trabajo y en la sesión extraordinaria del pleno que fueron convocadas para este lunes en horas de la tarde.
"Lamentablemente, la conducta -de Ochoa- se extiende a los empleados de la Unidad de Contrataciones y Compras Electorales, ninguno de los miembros de la unidad compareció al recibimiento de oferentes para la licitación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)", manifestó.
Pese a ello, Cossette López indicó que, junto a la consejera Ana Paola Hall, celebraron este lunes dos reuniones distintas, a las cuáles no asistió Ochoa, ni la consejera suplente Karen Rodríguez.
"Han hecho unas notas en las que dicen que ellos -los consejeros suplentes- no atenderán órdenes ilegales; y se hacen una excusa con un artículo de la Constitución de la República", acotó.
Por lo anterior, López recordó que la presidencia del CNE no da órdenes a los consejeros, porque son personas que tienen el mismo nivel o magistratura dentro del órgano colegiado.
"Cada quien es responsable de sus propias atribuciones, un voto vale lo mismo que el de la presidencia o el de cada consejero propietario (...) insisto en que las creencias personales o las aseveraciones no constituyen lo que las personas son", agregó.
Lo que sigue
En este contexto, Cossette López afirmó que pese a los impases, darán continuidad a las actividades de conformidad con la ley, y agotarán todos los trámites legales, para posteriormente generar una agenda específica para una posible sesión ordinaria en la que nuevamente volverán a convocar a los consejeros.
"Aunque esto era posible anticipar, hay que sustentarlo legalmente y agotar todas las vías, incluso, las del diálogo, y este diálogo debe ser respetuoso, sin coacciones como las que lamentablemente se han estado visualizando y sin querer imponer los temas de agenda más allá de las atribuciones que se tienen como consejeros", apuntó.
Seguidamente, López hizo un llamado a la población hondureña y los diferentes sectores de sociedad civil a permanecer vigilantes del proceso electoral y se pueda consolidar la democracia en el país.
"Vamos a constituir una agenda que tiene más de 30 puntos, porque el CNE está detenido no solo en cuanto a proceso, el Consejo no es TREP, el CNE tiene empleados; procesos adicionales. Hay muchísimas cosas que están sobre la mesa y el simple hecho de sesionar no va a resolver la falta de operatividad que estamos enfrentando, porque prácticamente un tercio de los empleados del CNE están en huelga porque no cumplen con sus deberes", puntualizó.
Discrepancias en el CNE
En las últimas semanas, tres sesiones para avanzar con la adjudicación del TREP fracasaron por la ausencia del consejero propietario Marlon Ochoa y de sus suplentes, quienes calificaron las convocatorias como "ilegales".
Colectivos ligadas al partido Libertad y Refundación (Libre) también bloquearon el ingreso al edificio el 7 de julio, en protesta por presuntos intentos de fraude vinculados a la contratación.
El conflicto se centra en que el consejero Ochoa argumenta que es ilegal la verificación de actas con intervención humana. Asegura que esta mecánica fue el principal instrumento del fraude electoral en las elecciones de 2013 y 2017.
Las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall señalan que la Ley Electoral avala la revisión de actas que tengan inconsistencias.
Las discrepancias han llevado a la ciudadanía a una incertidumbre sobre el proceso electoral.
El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) advirtió que el conflicto interno sobre el TREP "amenaza la legitimidad de las elecciones generales de 2025", ya que la falta de consenso pone en riesgo la credibilidad del proceso.
Además, subrayó que la Ley Electoral obliga a aprobar los lineamientos del sistema por consenso y con seis meses de antelación.
