Honduras enfrenta una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años, marcada por el conflicto entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). La disputa gira en torno a la validez y obligatoriedad de las resoluciones judiciales, y al aparente desacato del CNE a una orden del TJE para inscribir a determinados candidatos a diputados.

La controversia no solo desató un enfrentamiento entre poderes, sino que también provocó la intervención del Ministerio Público (MP), que presentó una solicitud de antejuicio contra dos magistrados del TJE por presunto prevaricato.

Para muchos analistas, este escenario refleja la creciente politización de los entes electorales y judiciales, una práctica que pone en riesgo el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la integridad del proceso electoral de 2025.

Requisitos legales para las sentencias y el rol del MP

El tema fue abordado este viernes en el programa Frente a Frente de Canal 5, bajo la pregunta central: “¿Los fallos judiciales se acatan o no?”.

En el foro participaron el analista Kenneth Madrid, la diputada del Partido Liberal Maribel Espinoza y el dirigente del Partido Nacional Fernando Anduray, quienes coincidieron en que la crisis actual es consecuencia directa de decisiones políticas tomadas en espacios que deberían ser jurídicos.

El debate giró en torno a la resolución emitida únicamente por dos de los tres magistrados propietarios del TJE, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, ya que el tercero, Mario Morazán, se ausentó de la sesión. Según la diputada Espinoza, este hecho invalida el documento por carecer de los requisitos formales que exige la ley.

“Yo lo he dicho antes: los politiqueros (se) están paseando en este país. Han depravado no solo la construcción de las leyes, sino también su interpretación. Eso rompe el principio del Estado de derecho y de legalidad. Lo que aprobaron esos tres del Tribunal de Justicia Electoral no es una sentencia; han manchado la toga y actuado indebidamente”, expresó Espinoza.

La diputada fue más allá y aseguró que el MP está siendo instrumentalizado políticamente por el partido en el poder. Según ella, la solicitud de antejuicio contra los magistrados del TJE y las presiones al CNE forman parte de una “trama de Libre” para debilitar la independencia de los órganos electorales y desintegrar la institucionalidad democrática.

El dilema del CNE: acatar o salvar el proceso

El analista Kenneth Madrid recordó que las sentencias judiciales son de obligatorio cumplimiento, incluso si se discrepa de su contenido. Sin embargo, matizó que el CNE se encontró ante un estado de necesidad, pues debía decidir entre cumplir una resolución irregular o garantizar la continuidad del proceso electoral.

“Las sentencias se acatan, pero el CNE enfrentó una situación excepcional. La prioridad en este caso fue proteger la estabilidad del proceso y evitar un colapso institucional”, explicó Madrid.

Por su parte, Fernando Anduray respaldó esa postura, afirmando que el CNE actuó en defensa del “bien mayor”:

“Si las consejeras del CNE hubiesen cumplido ese fallo, hoy estarían siendo perseguidas penalmente. Lo que se busca es apartarlas del proceso para abrir espacio al control político del sistema electoral”.

No obstante, consideró que "el criterio de Ana Paola Hall no es autoridad competente para no cumplir un fallo", a lo cual Espinoza dejó claro que "disiento en eso".

Anduray también acusó al oficialismo de orquestar un plan para inhabilitar a los magistrados incómodos del CNE y el TJE, en un intento de manipular el proceso electoral de cara a 2025.

Por su parte, Kenneth Madrid señaló que la raíz del problema es la politización total del sistema electoral. “Se están tomando decisiones políticas en lugar de decisiones jurídicas. Eso erosiona la confianza ciudadana y destruye el Estado de derecho”, dijo.

También se preguntó por qué el magistrado del TJE Mario Morazán no tiene un antejuicio "tal como promovió, siguiendo la línea del Ministerio Público, porque la Ley Orgánica y procesal electoral prohíbe que abandonen el Pleno". Luego, respondió: "Porque todo ha sido político y no legal, y ese es el daño que le están haciendo al Estado de derecho".

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Una cultura de desacato y desconfianza

Para Anduray, "no se está cumpliendo la ley y la Constitución en Honduras desde que empezó este gobierno y siguen haciéndolo". Además, consideró que "han contaminado este proceso electoral con incumplimiento de la ley enredándolo todo".

El foro concluyó con un llamado a los líderes políticos para poner fin a la manipulación de las instituciones. Madrid cerró con una reflexión contundente:

“Políticos, dejen de contaminar el proceso electoral. Todos queremos elecciones limpias y transparentes. No sigan usando la justicia como herramienta de miedo o poder”.

Lo ocurrido entre el CNE y el TJE deja una peligrosa enseñanza: que los fallos judiciales pueden ser ignorados cuando no convienen políticamente. Esta percepción, alertan los expertos, debilita la democracia y sienta las bases de una cultura de desacato e impunidad.

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