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El exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, solicitó a un juez natural que se le aplique la amnistía política aprobada por el Congreso Nacional, la cual exime de responsabilidad penal a funcionarios que fueron acusados por delitos no políticos durante la gestión del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
De acuerdo a información a la que tuvo acceso Tunota.com, la defensa del exfuncionario, que laboró para el gobierno entre 2006 y 2009, ha solicitado se le aplique esta amnistía que lo libraría de los cargos por malversación de caudales públicos al ser considerado la cabeza principal del denominado "Carretillazo", en el cual se sustrajeron 50 millones de lempiras del Banco Central.
Los 50 millones de lempiras iban a ser destinados a financiar el proyecto de la Cuarta Urna, un plebiscito en el que se consultaría a la población hondureña si estaba de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente durante el gobierno de Zelaya.
Flores Lanza, quien salió de Honduras el 12 de junio de 2015 por la frontera de Las Manos, en Nicaragua, cuenta actualmente con una orden de captura internacional emitida por un juez con jurisdicción nacional.
El viernes se desarrollará la audiencia
Tunota.com conoció que el juez Víctor Méndez Ordonéz admitió la solicitud de aplicación del decreto de amnistía para que se absuelva al exfuncionario de toda responsabilidad penal.
El viernes (25.02.2022) a la 1 de la tarde se llevará a cabo la audiencia de extinción de responsabilidad penal en el caso de Enrique Flores Lanza, considerado la cabeza principal del denominado "Carretillazo".
Tras la celebración de esta audiencia, el juez determinará la fecha en la que emitirá un fallo.
Amparado en la amnistía, Flores Lanza sería absuelto de los cargos que se le imputan, pues dicha ley menciona que las personas que ejercieron como funcionarios durante la Administración de Zelaya (del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009) y que fueron víctimas del golpe de Estado, serían exculpados de acusación criminal.
El decreto incluye delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
También, se señalan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y criminalidad organizada, entre otros.
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Caso "Carretillazo"
El 26 de junio de 2009, dos días antes del golpe de Estado, Enrique Flores Lanza, junto con el exgerente administrativo del Despacho Presidencial, Rafael Barahona, sustrajeron 50 millones de lempiras del Banco Central en una carreta, según imágenes que posteriormente divulgó Telenoticias de Televicentro.
En primer lugar, se denunció que el dinero fue retirado sin cumplir con los procedimientos legales promovidos desde Casa de Gobierno y aprobado en Consejo de Ministros, quienes habrían autorizado el retiro de 40 millones de lempiras aprobados por la Secretaría de Seguridad que entonces dirigía el coronel Jorge Rodas Gamero.
Posteriormente, se habrían retirado otros 10 millones de lempiras a través de la Guardia de Honor de Casa Presidencial, dirigida entonces por el coronel Edgardo Mejía Murillo.
El dinero (47 millones de lempiras) se repartió entre los coordinadores departamentales del gabinete de Gobierno de Manuel Zelaya; mientras que otros tres millones quedaron en Casa Presidencial el día del golpe del Estado del 28 de junio de 2009.
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