El programa Frente a Frente de este viernes abordó la radiografía crítica del sistema electoral hondureño, tras las revelaciones de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), quienes expusieron una serie de fallos estructurales, bloqueos políticos e irregularidades operativas registradas durante los comicios pasados.

Ante este escenario, las autoridades urgieron a la clase política a concretar reformas electorales integrales, antes de que las candidaturas coyunturales vuelvan a paralizar la institucionalidad del país.

Durante la emisión la mesa de análisis expuso desde la quiebra del quorum en el pleno del CNE y el boicot en el transporte de maletas hasta las maniobras en el escrutinio especial que terminaron anulando votos válidos mediante el llenado arbitrario de actas en cero.

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La transmisión se enfocó en desglosar las casi 90 propuestas de reforma electoral que se discuten en el Congreso Nacional, la necesidad de revisar la integración de las juntas receptoras de votos (mesas electorales), la viabilidad de la segunda vuelta y el rol de las Fuerzas Armadas en la custodia del material electoral.

Asimismo, se presentó la ruta de trabajo de la mesa técnica instalada con el acompañamiento de la sociedad civil y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para abordar la crisis institucional y las alternativas de solución, el espacio contó con la participación del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Arístides Mejía; y la consejera del CNE, Aixa Zelaya.

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La mala fe y el sabotaje institucional sobre la ley

El magistrado Mejía sostuvo que la crisis vivida en los últimos procesos electorales no se debe primordialmente a vacíos legales o imperfecciones en el texto jurídico, sino a la falta de voluntad y a la complicidad de los actores políticos encargados de aplicarlo.

Remarcó que la Constitución y las leyes otorgan el marco formal, pero es la conducta de los líderes la que define la estabilidad democrática.

"Todo el todo lo que es estado de derecho el derecho el constitucionalismo no es más que el marco jurídico que le damos a los fenómenos políticos", dijo.

El jurista recordó que la actual Ley Electoral, aprobada en mayo de 2021, demostró su eficacia en los comicios generales de ese mismo año; sin embargo, acusó que en la contienda posterior se desató una estrategia deliberada para trabar el funcionamiento del Estado.

"Esta misma ley funcionó bien en 2021 pero cuando hubo mala fe el año pasado no funcionó entonces si se habla de reformar cosas como por ejemplo cuando los magistrados y los consejeros el año pasado e estos que fueron destituidos y otros que andan oyendo ahí eh hicieron un sabotaje a la democracia habían mecanismos en nuestras leyes para evitar eso y no se aplicaron ¿por qué no se aplicó porque el fiscal también estaba en en el complot", cuestionó Mejía.

Asimismo, el magistrado abogó por avanzar en reformas de fondo como la segunda vuelta ante el fin del bipartidismo y la despartidización o "ciudadanización" de las mesas electorales para evitar que los partidos continúen manipulando los resultados desde la base.

La parálisis del pleno, el boicot en el transporte y las actas en cero

Por su parte, el representante técnico del CNE, Eduardo Fuentes, realizó una detallada radiografía de los momentos críticos que asfixiaron el proceso electoral. Fuentes denunció que el primer gran colapso ocurrió dentro del propio pleno de consejeros, donde la 'lógica partidaria' se impuso sobre el mandato constitucional.

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Al desglosar las fallas logísticas, el técnico electoral diferenció los errores administrativos de otras acciones. Reveló que mientras varios empleados del CNE enfrentan procesos judiciales por retrasos logísticos, no ha existido ningún requerimiento contra los efectivos militares encargados de la custodia y traslado del material.

"Hubieron personas que fueron procesadas empleados del CNE que al día de hoy siguen todavía con sus procesos abiertos están con medidas sustitutivas pero siguen sus procesos abiertos y vea qué irónico mientras eso sucedió estaba muy claro también que había responsabilidad por parte de la distribución concretamente de las Fuerzas Armadas y no hay ni un tan solo requerimiento para ningún soldado que estaba a cargo de ello cuando hay más de 90 declaraciones juradas de conductores de las unidades de transporte que dijeron que se detuvieron producto de órdenes que dieron", manifestó.

En relación con el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el posterior escrutinio especial en Tegucigalpa, Fuentes expuso cómo la especulación política convirtió un procedimiento técnico de 40 minutos en jornadas de hasta 8 horas por acta, llegando al extremo de anular el voto de ciudadanos reales.

Ante este escenario, Fuentes enfatizó que la transformación del sistema no depende únicamente de redactar nuevos artículos.

Mesas técnicas para discutir reformas electorales

Por su parte, Aixa Zelaya confirmó que el CNE, el TJE y la Unidad de Política Limpia (UFTF) han estructurado una alianza de trabajo directo con la Comisión de Asuntos Electorales del Poder Legislativo para revisar de forma científica el paquete de reformas integrales.

"Hemos iniciado estas reuniones con la Comisión de Asuntos Electorales desde el Congreso Nacional hará un par de meses atrás donde se les planteó que el Consejo Nacional Electoral tenía la disposición de colaborar en estas mesas técnicas las cuales serán una realidad la próxima semana la última semana de noviembre o la primera de diciembre", dijo Zelaya.

La funcionaria sostuvo que el ajuste de la norma es una necesidad natural tras cada proceso para adaptar la logística a las nuevas tecnologías y a la dinámica cambiante de la sociedad hondureña, garantizando la transparencia operativa desde la organización del órgano hasta la comunicación de los acuerdos de pleno.

Los tres panelistas coincidieron en que la ventana de oportunidad para aprobar las reformas se encuentra al límite, advirtiendo que si el Congreso Nacional no dictamina los cambios antes de que las campañas proselitistas cobren fuerza plena, Honduras se arriesga a repetir los boicots logísticos y la parálisis institucional en los comicios venideros.

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