La aprobación de las reformas electorales en Honduras tendrá que esperar hasta diciembre, pese a que el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, había anunciado que para octubre debía estar aprobado al menos un paquete de cambios e incluso había planteado renunciar si no cumplía esa meta.

Sin embargo, el plazo se extendió hasta el 20 de diciembre y, por ahora, la apuesta es aprobar únicamente las propuestas que no generen mayores diferencias entre las bancadas.

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Rivera justificó el retraso al señalar que surgieron condicionamientos políticos que no estaban previstos cuando anunció su posible renuncia.

Explicó que Libertad y Refundación (Libre) condicionó sus votos al nombramiento de sus representantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mientras que el Partido Liberal exige incorporar la segunda vuelta electoral.

Rivera justifica el aplazamiento de las reformas electorales

El congresista agregó que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, le pidió aprovechar el resto del año para alcanzar acuerdos.

Según Rivera, las reformas relacionadas con el funcionamiento de los órganos electorales y la creación de un sistema propio de transmisión de resultados ya cuentan con más de 86 votos.

No obstante, la analista Ruth Laffosse cuestionó que las bancadas utilicen las reformas como mecanismo de negociación política y condicionen su respaldo a intereses partidarios.

A su criterio, los cambios deben responder a las necesidades de la democracia y no a las exigencias particulares de cada organización política.

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Edil Maradiaga, investigador político del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), también cuestionó la falta de consensos y advirtió que los acuerdos siguen buscando beneficiar a los partidos, en lugar de fortalecer la democracia hondureña.

Proponen mesas ciudadanas de fiscalización

Mientras la comisión analiza qué reformas podrían aprobarse, la plataforma Defensores de Honduras presentó nuevas propuestas, entre ellas la creación de mesas ciudadanas de fiscalización electoral.

La iniciativa busca que ciudadanos independientes, provenientes de iglesias y universidades, puedan vigilar presencialmente el conteo y escrutinio de votos en las juntas receptoras, mediante un mecanismo de selección por sorteo.

Jacob Cerrato, representante de la plataforma, señaló que persisten inconsistencias en los procesos electorales que generan dudas sobre el destino de los votos.

Además, proponen que los funcionarios públicos que aspiren a cargos de elección popular renuncien seis meses antes de las elecciones internas y primarias, para garantizar condiciones de competencia más equitativas.

Rivera indicó que la comisión evaluará estas iniciativas y que varias podrían aprobarse durante 2026, aunque reconoció que otras generan diferencias.

La aprobación de las reformas requiere al menos 86 votos en el Congreso Nacional y su ratificación en la siguiente legislatura. Por ahora, el 20 de diciembre representa el nuevo plazo para una comisión que todavía no presenta un dictamen definitivo.

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