Más de un año después de las elecciones primarias de 2025, el Ministerio Público exige a las Fuerzas Armadas un informe sobre el retraso en la entrega del material electoral que afectó a miles de votantes en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La investigación busca determinar si hubo fallas operativas o negligencia. También se solicitan datos sobre sanciones internas. El caso reabre el debate sobre responsabilidades del CNE y la institución castrense, mientras aún no hay conclusiones oficiales sobre lo ocurrido.
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