El Estado de Honduras presentará el próximo 5 de agosto una defensa escrita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder a la denuncia relacionada con los juicios políticos que derivaron en la destitución de los entonces fiscal general y autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Los procesos se realizaron a finales de marzo y principio de abril de 2026 y los destituidos fueron: Johel Zelaya, entonces fiscal general; Marlon Ochoa, consejero propietario del CNE; el magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán, y los magistrados suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, informó que la documentación incluirá las denuncias que dieron origen a los juicios políticos y evidencias sobre las audiencias públicas realizadas durante el proceso.

La búsqueda de otros medios probatorios que serán remitidos al organismo internacional con el propósito de demostrar que el procedimiento se desarrolló conforme a la Constitución y otras leyes de la República.
Congreso sostiene que se respetó el debido proceso
Ledezma explicó que el procedimiento contempló la conformación de una comisión especial y que la admisión del juicio político requirió el respaldo de 86 diputados, tal como lo establece la legislación hondureña.
También, aseguró que los funcionarios sometidos al proceso fueron notificados oportunamente y contaron con la posibilidad de presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.
El secretario del Congreso recordó que de los funcionarios convocados únicamente compareció el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, mientras que los demás no asistieron a las audiencias, pese a haber sido notificados.
Antonio Rivera: "La defensa estará respaldada con todos los medios probatorios"
El diputado del Partido Nacional Antonio "Toño" Rivera, quien integró la comisión de juicio político, confirmó que las instituciones involucradas optaron por presentar una defensa por escrito durante esta etapa del proceso internacional.
El congresista sostuvo que Honduras remitirá a la CIDH documentos para demostrar que durante el desarrollo de los juicios políticos se respetaron las garantías constitucionales de los funcionarios involucrados.

Rivera agregó que, por ahora, no se contempla una comparecencia presencial ante la Comisión Interamericana, ya que la prioridad es remitir una defensa documental robusta.
"Sí se respetó el Estado de Derecho, sí se respetó la presunción de inocencia, sí se le dio el derecho a la defensa en dos oportunidades y hemos respetado todos los ordenamientos jurídicos sobre la Ley de Juicio Político".
El diputado también indicó que la preparación de la defensa se realiza de forma conjunta entre el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de la República.
¿Qué originó el proceso?
Los juicios políticos aprobados por el Congreso Nacional concluyeron con la destitución del entonces fiscal general Johel Zelaya, así como de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El Estado hondureño deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que conocerá la posición oficial del país y la documentación presentada por las instituciones involucradas para sustentar el marco constitucional y legal vigente.
Analista considera importante la presencia del Estado
Por su parte, el especialista en temas internacionales Graco Pérez consideró que, aunque el reglamento permite presentar la defensa mediante documentación escrita, la comparecencia de un representante del Estado habría fortalecido la posición de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Es un juicio importante para el país, es un tema de derecho internacional y de institucionalidad. Yo creo que lo correcto sería tener presencia de un representante de parte de la Procuraduría", expresó.

No lo creo tanto así, pero sí creo que debilita la posición de Honduras. No es lo mismo estar presente en un juicio que hacer la defensa únicamente de forma electrónica.
El analista agregó que el proceso marcará un precedente para el país, al tratarse de la primera vez que la aplicación de un juicio político en Honduras llega al análisis de un organismo internacional.
Lea: Expertos piden medir diplomáticos por resultados, no embajadas sin beneficios
