La planilla de magistrados integrantes permanentes representa un gasto mensual de L883,627.02 que no existía para el Estado hondureño antes del 17 de febrero de 2023, día en que los políticos de los tres partidos principales -Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal- fraguaron este nuevo egreso.

La madrugada del 17 de febrero, durante la primera sesión plenaria de la CSJ 2023-2030, elegida horas atrás por el Congreso Nacional con abismal votación, se reformó el artículo 15 del Reglamento Interno de la CSJ y se agregó la implementación de "no menos de seis magistrados y magistradas integrantes", a quienes adicionalmente les otorgaron los mismos beneficios que los magistrados electos en segundo grado por los diputados.

Ese mismo día, después de que definió la conformación de las cuatro salas del Tribunal Supremo (Constitucional, Civil, Penal y Laboral), la recién ungida presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, también nombró a los seis magistrados integrantes permanentes.

Aunque la figura de magistrado integrante ya existía de hecho en el Reglamento Interno de la CSJ, no representaba un costo extra adicional para las finanzas del Estado, ni se le otorgaba el calificativo de "permanente".

Estos juristas, que no hacen más que suplir ausencias de magistrados supremos, eran nombrados por la presidencia de la Corte, quien usualmente llamaba a magistrados de Cortes de Apelaciones, que ya devengaban un salario dentro del escalafón del Poder Judicial.

Los magistrados integrantes permanentes ocupan el puesto de un magistrado supremo solo por impedimento, licencia o cualquier otro motivo por el cual faltare alguna magistrada o magistrado a las sesiones del pleno.

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Según la planilla del Poder Judicial hondureño, los magistrados de apelaciones, que antes eran integrados a la CSJ en carácter temporal, ostentan salarios mensuales de entre L56,103.47 y L117,271.13, pero tienen asignaciones específicas.

Además, algunos de ellos poseen acuerdos de nombramiento que datan desde el 1 de enero de 1993, es decir, que esos sueldos se los han ganado a base de antigüedad y ascensos dentro del escalafón del Poder Judicial.

Adicionalmente, los nuevos magistrados integrantes permanentes tienen derecho a recibir gastos de representación de L30,000.00 mensuales, una subvención de la que no goza ningún otro funcionario judicial más que los 15 magistrados supremos, y ahora los seis magistrados integrantes permanentes.

Las eternas reparticiones

Los 15 magistrados de la CSJ se eligieron el 16 de febrero tras un acuerdo político entre las tres fuerzas principales: Libre (seis), Partido Nacional (cinco) y Partido Liberal (cuatro).

Como si la repartición de los 15 magistrados de la CSJ no fuese suficiente para saciar sus intereses de partidizar la justicia, los políticos negociaron la integración de otros seis magistrados, que, aunque fueron elegidos por el pleno de la CSJ, con antelación los líderes del Congreso los seleccionaron y acordaron de dedo.

Diputados argumentaron en su momento que los habían tomado de la lista de 45 que envió la Junta Nominadora el 23 de enero, pero, al igual que en la elección constitucional de los 15 magistrados supremos, lo único que primó fue la abierta afinidad político-partidaria de estos profesionales del derecho.

Entre los actuales magistrados de la CSJ hay personas que, incluso, habían lanzado precandidaturas a cargos de elección popular por partidos políticos, y ahora administran e imparten justicia al más alto nivel en un país donde los pactos de impunidad, que someten a los jueces, emanan desde el Congreso Nacional.

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Siguiendo su discurso, los líderes de los tres partidos políticos principales insistieron en que incorporar seis magistrados integrantes permanentes se trataba de algo "positivo", porque la presidencia de la CSJ ya no tendría "discrecionalidad para elegir a los magistrados integrantes". Lo que no dijeron fue que mensualmente esa idea "de bien para la justicia" representaría una erogación de cerca de L900,000.00 para el Estado.

Los magistrados integrantes permanentes son José Ricardo Pineda Medina y Aida Patricia Martínez Linares, del partido Libre; Luis Alonso Discua Elvir y Marvin Rigoberto Espinal Pinel, del Partido Nacional; y Felipe René Speer Laínez y Martha Delia Merino Conde, del Partido Liberal.

¿Qué mensaje dejó Wilfredo Castellanos cuando renunció?

Originalmente, por el partido rojiblanco, fue elegido Juan Wilfredo Castellanos Hipp, quien renunció al cargo el 3 de marzo de 2023 y quien tajante aseguró que la figura del magistrado integrante permanente es una "erogación innecesaria" para el presupuesto del Estado.

En su carta de renuncia, Castellanos Hipp se basó en el "bajo nivel de participación que, como magistrados integrantes permanentes, tendríamos para ser parte de la solución a los ingentes y graves problemas que afronta el sistema de justicia en nuestro país".

Prosiguió: "Considero que el ejercicio del cargo, además de la obligatoria labor técnica-jurídica en el conocimiento y resolución de los casos sometidos a consideración, debe tener papel protagónico, deliberativo y propositivo ante las instancias de decisión, con el objeto de brindar aportes sustanciales a la problemática sociojurídica del país".

"Mi particular presencia en el Poder Judicial sin esa facultad de contribuir directamente a la solución de los problemas macro del sistema de justicia, hace que considere mi cargo como una erogación innecesaria en el presupuesto nacional", concluyó.

Los 14 magistrados de la CSJ devengan un salario mensual de L171,218.17 y reciben L60,000.00 por gastos de representación, mientras que la presidenta de ese poder del Estado, Rebeca Ráquel, gana L198,288.99 y se le pagan L69,000.00 en concepto de gastos de representación.

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