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La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, advirtió este lunes sobre un supuesto plan del partido Libertad y Refundación (Libre) para instalar la Comisión Permanente del Congreso Nacional (CN) con el fin de inhabilitar a funcionarios electorales y reemplazarlos por personas afines a ese partido.
Durante su participación en el programa Día Político, transmitido por TSi, la legisladora alertó que el titular del Congreso, Luis Redondo, podría utilizar las facultades de la Comisión Permanente, amparadas en los artículos 205 y 208 de la Constitución de la República, para tomar decisiones que normalmente competen al pleno legislativo o a otras autoridades del Estado.
“Mire lo que dice el artículo 208 de la Constitución, son atribuciones de la Comisión Permanente. Ellos buscan aplicar el numeral 11, que les permite elegir interinamente, en caso de falta absoluta, a los sustitutos de funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”, explicó Mena.
Según la congresista, este mecanismo permitiría a un grupo reducido de diputados inhabilitar a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, o incluso a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), como Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, para nombrar reemplazos que respondan a intereses políticos de Libre.
“Van a inhabilitar a las consejeras y van a tomar control de las autoridades. Eso es lo que buscan”, afirmó Mena con tono de preocupación.
Advertencia sobre la posibilidad de declarar elecciones
Mena también alertó sobre otro riesgo que, según ella, se deriva de la interpretación de los artículos constitucionales: la posibilidad de que la Comisión Permanente asuma el papel del Congreso para escrutar votos y declarar los resultados de las elecciones generales, en caso de que el CNE no haya emitido una declaratoria antes del 30 de diciembre.
“El artículo 205, numeral 7, establece que el Congreso puede hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente, de los designados presidenciales y de las corporaciones municipales cuando el CNE no lo haya hecho. Si llegado el 30 de diciembre no hay declaratoria, la Comisión Permanente podría asumir esa función”, explicó la diputada.
De concretarse este escenario, un grupo de nueve diputados —que conforman la Comisión Permanente— podría tener en sus manos la facultad de declarar resultados electorales, lo que, a juicio de Mena, representaría una amenaza directa a la independencia de los organismos electorales y a la voluntad popular expresada en las urnas.
Respuesta oficialista: 'La Constitución ya prevé la Comisión Permanente'
Ante las declaraciones de Mena, el diputado oficialista Marco Eliud Girón, quien también participó en el programa, respondió que la formación de la Comisión Permanente es un mandato constitucional, no una maniobra política.
“La Constitución de la República establece cuándo debe formarse la Comisión Permanente. Es un procedimiento normal para prorrogar las sesiones legislativas más allá del 30 de octubre”, aclaró Girón.
El parlamentario de Libre explicó que, una vez concluido el período ordinario de sesiones, el Congreso Nacional no puede quedar acéfalo, y que por ello la ley obliga a constituir la Comisión Permanente, la cual mantiene la representación institucional del Poder Legislativo hasta que inicie el nuevo período en enero.
“Prorrogar las sesiones en noviembre, diciembre y enero es necesario para evitar un vacío legal. Lo que ha impedido avanzar es el bloqueo del bipartidismo, que se ha negado a consensuar una agenda en común”, sostuvo Girón.
Debate entre legalidad y desconfianza política
La polémica surge en un contexto de alta tensión política a 33 días de las elecciones generales. El CNE y el TJE atraviesan conflictos internos y acusaciones de manipulación en la adjudicación de contratos y decisiones administrativas, lo que ha erosionado la confianza de amplios sectores en la imparcialidad de ambos organismos.
Para Mena, el intento de instalar la Comisión Permanente bajo las actuales circunstancias “no busca garantizar la continuidad legislativa, sino preparar el terreno para intervenir el proceso electoral”.
Girón, en cambio, defendió que la medida responde a necesidades administrativas y financieras, destacando que la prórroga permitirá al Congreso aprobar fondos externos destinados a proyectos de infraestructura, salud y obras sociales ya incluidos en el presupuesto nacional.
El enfrentamiento entre oficialismo y oposición refleja la profunda crisis de gobernabilidad en el Congreso Nacional. A la fecha, los partidos no han logrado consenso para aprobar reformas clave ni para sostener sesiones regulares sin interrupciones o boicots.
La eventual instalación de la Comisión Permanente se perfila como otro punto de conflicto, con la oposición advirtiendo que podría ser utilizada como un instrumento de control político, y el oficialismo insistiendo en que es una obligación constitucional ante el cierre del período legislativo.
Ante ello, un grupo de diputados del Partido Liberal y del PSH anunció la semana pasada que se autoconvocarán a una sesión extraordinaria en el Congreso Nacional, programada para este martes 28 de octubre a las 3:00 de la tarde.
El objetivo principal es prorrogar el período de sesiones ordinarias, que concluye el próximo 31 de octubre, según anunciaron los congresistas.