Un recurso de inconstitucionalidad fue presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en las últimas horas con el propósito de frenar la ejecución del decreto legislativo 58-2025, aprobado por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), al considerar que invade competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y pone en riesgo el orden constitucional y la sucesión presidencial en Honduras.

La acción constitucional fue interpuesta por el abogado Hermes Faustino Ramírez, quien solicitó que la Sala de lo Constitucional declare la existencia de un conflicto positivo de competencias entre el Poder Legislativo y el CNE, al sostener que el Congreso Nacional se atribuyó funciones que la Constitución reserva de manera expresa al órgano electoral.

Según el escrito presentado ante la CSJ, el cuestionado decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en el diario oficial La Gaceta, anula de forma implícita la declaratoria oficial de las elecciones generales emitida por el CNE en diciembre de 2025, al ordenar un nuevo escrutinio general total de las actas de cierre en los tres niveles electivos.

El recurso advierte que dicha orden desconoce la normativa constitucional y legal vigente, ya que la revisión, conteo y declaratoria de resultados electorales son atribuciones exclusivas del CNE, no del Congreso Nacional.

Invasión de competencias y riesgo institucional

De acuerdo con la argumentación jurídica, la actuación del Legislativo representa una invasión directa de competencias, al pretender asumir funciones electorales que no le corresponden.

El documento subraya que este hecho configura un grave precedente institucional y una amenaza a la autonomía del ente rector de los procesos electorales en Honduras.

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Solicitan suspensión provisional del decreto

Dentro del recurso, el promovente pidió que, desde el auto de admisión, la Sala de lo Constitucional decrete como medida cautelar la suspensión provisional del decreto legislativo 58-2025 y de cualquier acto derivado de su ejecución, incluidos eventuales recuentos de votos o la asunción de funciones electorales por parte del Congreso Nacional.

El argumento central es la existencia de un riesgo de daño grave e irreparable al orden constitucional, a la voluntad popular expresada en las urnas y a la estabilidad institucional del Estado.

El escrito advierte que permitir la ejecución del decreto podría generar una parálisis en la sucesión constitucional a nivel presidencial, con consecuencias políticas y jurídicas de alto impacto.

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¿Contra quién fue presentado el recurso de inconstitucionalidad?

La acción constitucional fue interpuesta contra el Congreso Nacional, representado por su presidente Luis Redondo, señalado como el órgano que habría invadido competencias constitucionales.

Asimismo, se incluyó como parte al Consejo Nacional Electoral, representado por su consejera presidenta Ana Paola Hall García, en su condición de titular del ente constitucional autónomo encargado de organizar y declarar los procesos electorales.

El promovente sostiene que el caso trasciende un debate legal y se convierte en un asunto de defensa del orden democrático, al estar en juego el respeto a la voluntad popular, la autonomía del CNE y el principio de separación de poderes.