Varias organizaciones de sociedad civil exigieron el lunes (05.4.2021) la renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por haber sido vinculado con el narcotráfico durante juicios en contra de narcotraficantes hondureños en cortes de Estados Unidos.

Asimismo, pidieron que tras la renuncia de Hernández, quien preside el país centroamericano desde 2014, se instale un "gobierno de transición y unidad" para "rescatar a Honduras".

La petición denominada "Llamamiento patriótico a la transición" fue firmada por 36 organizaciones, entre ellas Caritas de la Iglesia Católica, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, y Convergencia contra el Continuismo, una alianza de organizaciones no gubernamentales y políticas.

Además, pidieron la salida del fiscal general del Ministerio Público, Óscar Chinchilla; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; el presidente de la Corte Suprema de Justicia , Rolando Argueta; y la Procuradora General de la República, Lidia Estela Cardona.

"Somos testigos de la destrucción del Estado de derecho y la construcción de una dictadura de partido que ha devenido en un narco Estado con que se nos exhibe en el mundo entero", sostuvieron las organizaciones en un comunicado.

A su vez, llamaron a convocar un "gobierno de transición" que lleve adelante las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021.

El analista, Ramón Barrios, dijo a medios de comunicación que la Constitución de la República establece que ante la ausencia de un Presidente, su lugar debe ser ocupado por un designado presidencial, por lo que jurídicamente no es viable un gobierno de transición.

Amparados en juicios contra narcotraficantes

Los opositores del gobierno de Hernández se amparan luego que el juez Kevin Castel de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, sentenciara al hermano del presidente hondureño, Juan Antonio "Tony" Hernández, a cadena perpetua más 30 años de prisión por cuatro delitos vinculados al narcotráfico.

Días antes, en ese mismo juzgado, fue declarado culpable de narcotráfico el hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, a quienes los fiscales estadounidenses consideran socio del presidente Hernández, dentro de un "narcoestado".

Durante el juicio de Fuentes Ramírez, otro narcotraficante líder del cártel de "Los Cachiros", Devis Leonel Rivera Maradiaga, aseguró pagar sobornos para financiar las campañas de Hernández, y de otros políticos hondureños entre los que se señaló a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y José Manuel Zelaya.

El presidente Hernández rechazó los cargos y criticó a la justicia estadounidense por basarse, según él, en testimonios de "asesinos confesos" y excapos de la droga perseguidos por el gobierno hondureño que buscan venganza.

En el juicio, sustentado por cinco narcotraficantes como testigos, los fiscales federales apoyados por la Administración de Control de Drogas (DEA) sostuvieron que el actual presidente recibió dinero incluso del mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del poderoso Cártel de Sinaloa, a cambio de ayuda para el transporte de droga por Honduras, con destino a Estados Unidos.

Anteriormente, dos solicitudes de juicio político contra el presidente Hernández para que fuera destituido no fueron aprobadas en el Congreso Nacional, de mayoría nacionalista, la afiliación del gobernante.

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