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Crear un fondo para víctimas de extorsión y considerar nuevas modalidades extorsivas, como el cobro obligatorio de rifas apuntadas, préstamos "gota a gota", venta de comida y repuestos de carros, forman parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión del Gobierno que será presentado el próximo jueves y al que tunota tuvo acceso exclusivo.
Estas medidas se piensan logran mediante una serie de reformas a varias leyes que se solicitarán a Congreso Nacional en los próximos días, de acuerdo al Ejecutivo.
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"El objetivo es mejorar la respuesta institucional ante el fenómeno criminal de la extorsión y delitos conexos al disponer de un estamento legal que dinamice la iniciativa procesal y respuesta investigativa", según el plan.
En ese sentido, en el eje de reforma al estamento se pide autorizar a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) para asistir a los afectados por el cobro del "impuesto de guerra" y para ello se creará un fondo.
"Se debe contar con un fondo financiero y una estructura de talento humano y logística para la protección de víctimas derivadas del delito de extorsión y desplazamiento forzado", dice el Plan Integral.
Nuevas modalidades
Según el Plan Integral, se pedirá al Legislativo que reforme al artículo 374 del Código Penal para que se considere extorsión algunas nuevas modalidades.
"Comete el delito de extorsión quien recolecte de forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de cuentas de instituciones financieras y bancarias, billeteras electrónicas, cobros forzados de venta de alimentos,
servicios de car wash y venta en insumos de combustibles, carburantes y repuestos", dice la propuesta.
En el plan integral, además, se pedirá a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera que regule las billeteras electrónicas debido que es un sistema muy usado para cobrar la extorsión.
Además del Código Penal, se solicitarán reformas a la Ley de Intervención de las Comunicaciones, Ley y Reglamento Sistema Penitenciario, Ley de Lavado de Activos, Ley Orgánica de las Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y Policía Nacional y el Código de la Niñez y la Adolescencia.
"Esta medida será para poder potenciar los controles contra la extorsión y desollar un sistema de investigación e inteligencia efectiva contra el lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos de mayor connotación social" , se remarca en el documento.
Comisión estratégica
Para poder realizar estas acciones se creará una comisión estratégica de afectación a la extorsión y delitos conexos, que estará integrada por 13 instituciones:
- Policía Nacional
- Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado
- Ministerio Público
- Jueces de jurisdicción nacional
- Registro Nacional de las Personas
- Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Instituto de la Propiedad
- Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia
- Instituto Nacional de Migración
- Instituto Hondureño de Transporte Terrestre
- Instituto Nacional Penitenciario
- Desarrollo de Operaciones Estratégicas Estructurales
- Desarrollo de Operaciones Estratégicas Estructurales y de Impactos Contra Objetivos de Alto Valor Estratégicos.
En Honduras se pagan anualmente entre 30 y 50 millones de dólares (entre 735 millones a 1,200 mil millones de lempiras) por concepto de extorsión, según un informe de 2021 de Global Financial Integrity (GFI).
Algunos comerciantes han denunciado que el pago de la extorsión se hace hasta a tres o cuatro estructuras criminales, siendo estas la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18, como dos de las principales.
La extorsión está tipificada como delito en el artículo 222 del Código Penal hondureño y establece una pena de tres a nueve años de acuerdo a la gravedad e insistencia del delito.
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