Hace seis años, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que otorga inmunidad a los diputados del Congreso Nacional, presentado por el Ministerio Público (MP).
El recurso fue interpuesto contra el decreto legislativo 117-2019 por la abogada Susy Coello García, agente de tribunales del MP, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución de la República.
Aunque la admisión de este recurso se produjo en 2019, actualmente se encuentra en fase de proyecto de resolución, según explicó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
El expediente debe ser revisado por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, para decidir sobre su resolución, pero no hay fecha para ello. Todo dependerá de la agenda y carga de trabajo que tengan, dijo Duarte.
Aprobación de la inmunidad legislativa
El Congreso aprobó en octubre de 2019, en un solo debate, la inmunidad parlamentaria mediante una reforma al artículo 10-A del decreto 363-2013 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Con esta reforma se exime a los congresistas de ser penal, civil o administrativamente responsables por irregularidades que pudieran cometer durante el desempeño de sus funciones legislativas.

Diversos sectores han calificado esta reforma, conocida como el "pacto de impunidad", como una medida contraria a la transparencia. Fue publicada en la edición 35,076 del diario oficial La Gaceta el 18 de octubre de 2019.
En marzo de 2022 el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, propuso reformar la Ley Orgánica del Congreso para eliminar la inmunidad legislativa.
Petición de la ONU para instalar la CICIH
La eliminación de lo que también se denomina el fuero parlamentario ha sido una de las peticiones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Distintos sectores hondureños han señalado que la instauración de la CICIH, para investigar y presentar casos de corrupción pública y privada, es una de las promesas incumplidas por la presidenta Xiomara Castro.
La mandataria firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con el secretario general de la ONU, António Guterres, en diciembre de 2022, pero dos años después aún no se ha logrado implementar el mecanismo. El MOU ha sido extendido en cuatro ocasiones.
El canciller Eduardo Enrique Reina ha manifestado en diversas ocasiones que las negociaciones continúan con la ONU, pero ha reconocido que no se han cumplido algunas de las reformas solicitadas por el organismo internacional.
Incumplimientos
En diciembre de 2024, un informe de una misión de la ONU abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.
Además de derogar o reformar el decreto de inmunidad parlamentaria, la ONU también pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.
Asimismo, la ONU solicitó modificaciones al Código Procesal Penal para permitir que la CICIH se integre al marco jurídico interno y actúe como acusador privado o querellante autónomo.
