La Misión del Equipo de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) identificó una serie de condiciones esenciales para la instalación en Honduras de un mecanismo anticorrupción que sea imparcial, independiente y autónomo.

La mayoría de tales condiciones siguen pendientes de ejecución.

La instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) fue una promesa de campaña del actual gobierno, que preside Xiomara Castro.

En febrero de 2022, Castro envió una carta a la ONU solicitando su apoyo. Aunque han habido avances, la instalación del mecanismo no se ha concretado.

Entre las medidas esenciales aún pendientes de aprobar o reformar en el Congreso Nacional se encuentran:

  • Reforma al Código Procesal Penal: es necesario realizar modificaciones para incorporar el mecanismo internacional al ordenamiento jurídico interno, permitiendo su actuación como acusador privado o querellante autónomo.
  • Derogación o reforma al Decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria.
  • Interpretación constitucional del artículo 313, numeral 2, de la Constitución de Honduras, que establece el fuero especial para el juzgamiento de altos funcionarios.
  • Revisión de artículos de la Constitución y el Código Procesal Penal: específicamente el artículo 324 de la Constitución y los artículos 420-423 del Código Procesal Penal, así como el artículo 28 de la Ley de Municipalidades.

Hasta la fecha, solo tres de las condiciones han sido cumplidas, sin embargo no es suficiente para la instalación de la CICIH. Estas son:

  • Derogación del Decreto 116-2019 sobre la liquidación y extinción de responsabilidad penal, administrativa y civil para los actores responsables de la ejecución de 'fondos departamentales'.
  • Derogación del Decreto 93-2021, que establece la Ley Especial de Lavado de Activos.
  • Derogación del Decreto 57-2020, que interpretaba los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal. Este impedía al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos de personas involucradas en casos de corrupción.

Además, una vez aprobado el convenio para la instalación de la CICIH, se requiere implementar una serie de medidas para fortalecer el mecanismo. Estas incluyen:

  • Creación de un circuito de jueces especializados en casos de alta complejidad.
  • Reformulación de agencias del Ministerio Público dedicadas a la lucha contra la corrupción y la criminalidad compleja.
  • Aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
  • Reformas a la Ley de Protección de Testigos, la Ley de Intervención de Comunicaciones y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
  • Revisión y modificación de normativas de extradición, así como reformas al Código Penal relacionadas con los delitos de corrupción.
  • Aprobación y ratificación de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, y reformas a la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Estas condiciones son clave para el establecimiento efectivo de la CICIH y el fortalecimiento de las capacidades judiciales y de investigación criminal.

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Negociación de la CICIH

El pasado 3 de diciembre, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, anunció que el memorándum de entendimiento (MOU) con la ONU para crear la CICIH fue prorrogado por cuarta vez, por un periodo de seis meses.

La primera firma del MOU se produjo el 15 de diciembre de 2022. El 15 de junio de 2023 se otorgó la primera prórroga, seguida por una segunda extensión el 15 de diciembre del mismo año, y una tercera el 15 de junio de 2024.