La Agencia Nacional contra el Crimen, creada para articular a las instituciones de seguridad en la lucha contra las estructuras criminales, todavía está pendiente de reglamentación, según el abogado penalista Hermes Ramírez.
La instancia fue creada mediante el Decreto 84-2026 y quedó adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, con funciones de coordinación entre instituciones como la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Policía Militar y Fuerzas Armadas.
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Ramírez explicó que, aunque la agencia ya se encuentra en una fase de consolidación, todavía falta establecer las reglas para su funcionamiento y definir los recursos que requerirá.
"Falta la reglamentación que debe ser aprobada por el Consejo de Defensa y Seguridad", afirmó en Noticieros Hoy Mismo de TSi.
El abogado señaló que también deberán incorporarse progresivamente los recursos logísticos y económicos necesarios, incluso dentro del presupuesto de 2027.
Pandillas como asociaciones terroristas
Ramírez también cuestionó que todavía no se haya aplicado plenamente la disposición que permite catalogar determinadas estructuras criminales como asociaciones terroristas.
El Decreto 84-2026 establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad estará a cargo de diseñar y rectorar la política criminal contra estas estructuras y determinar cuándo una organización criminal será considerada terrorista.
"La norma es sustantiva, ya está habilitada", sostuvo Ramírez, quien pidió una reunión estratégica del Consejo para tomar decisiones frente a las organizaciones criminales.
Propone excepción focalizada
En cuanto a la seguridad en zonas de alta conflictividad, el abogado planteó retomar los estados de excepción, pero de manera focalizada, una medida que ya fue utilizada durante el gobierno anterior y que quedó sin vigencia con la actual administración.
Ramírez propuso establecerlos en determinadas colonias o sectores afectados por estructuras criminales y acompañarlos con un desarme general, restricciones de circulación para menores de 25 años durante ciertas horas y la prohibición de que dos hombres circulen en una motocicleta.
A su criterio, estas acciones deben contar con participación de las Fuerzas Armadas y no recaer únicamente en la Policía Nacional.
"No se puede permitir que las zonas afectadas de esos barrios y colonias sean controladas por los grupos criminales", señaló.
El abogado consideró que el principal desafío ahora es operativo y logístico para aplicar las herramientas que ya contempla la legislación.
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