Dos agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) fueron detenidos en las cercanías del muelle de cabotaje de La Ceiba, Atlántida, señalados por suponerlos responsables del delito de homicidio en su grado de tentativa.
De acuerdo con el reporte policial, los dos uniformados habrían protagonizado una riña mientras presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol. Durante el altercado se habrían realizado varios disparos, dejando a una persona con heridas de consideración.
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Tras recibir el reporte, agentes policiales se desplazaron hasta las cercanías del puerto de cabotaje para atender la situación y procedieron a detener a los dos funcionarios.
Según el informe, ambos se negaron a someterse a las pruebas de alcoholemia, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.
¿Quiénes son los agentes detenidos en La Ceiba?
La información policial establece que uno de los detenidos tiene 24 años, es originario del departamento de La Paz y reside en el municipio de Guajiquiro.
El segundo funcionario tiene 32 años, es originario de El Paraíso y actualmente reside en Tatumbla, Francisco Morazán.
Ambos enfrentan señalamientos por homicidio en su grado de tentativa, mientras las autoridades continúan con las diligencias relacionadas con el caso.
Otro caso que involucra a agentes de la DAET
La detención de los dos uniformados en La Ceiba ocurre después de otro proceso judicial que involucró a tres agentes de la misma división, acusados de presuntamente almacenar drogas en San Pedro Sula.
En ese caso, un juez de Letras Penal con Competencia Nacional otorgó sobreseimiento definitivo a Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos, quienes enfrentaban acusaciones por tráfico ilícito de drogas.
La resolución se emitió luego de que el juez determinara que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para sostener los cargos.
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Según explicó el portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, durante una audiencia que se extendió por más de 30 horas también se detectaron irregularidades en el allanamiento realizado en la vivienda de los policías.
Barahona indicó que el juez ejecutor notificó a la persona encargada de la vivienda una hora y media después de haber iniciado el procedimiento, situación que provocó que el allanamiento fuera considerado ilegal.
Además, durante la audiencia se señaló que algunas evidencias encontradas en vehículos correspondían a otros casos, pero fueron incorporadas como pruebas en el proceso contra los tres agentes.
Por estas razones, el juez determinó que no existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los funcionarios en los hechos que se les atribuían.
