El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, confirmó este domingo que existen al menos 14 recursos de inconstitucionalidad presentados ante la secretaría de la Sala de lo Constitucional de ese Poder del Estado en contra del decreto legislativo 04-2022.

"Existen al menos 14 recursos de inconstitucionalidad que han sido interpuestos ante la secretaría de esta Sala. Pero vale aclarar que no son recursos exclusivamente en contra de la Junta Directiva del Congreso Nacional, sino, recursos de inconstitucionalidad que tienen relación con el tema del Decreto de Amnistía", indicó Duarte.

El vocero de la CSJ hizo referencia al artículo 87 de la Ley sobre Justicia Constitucional que señala que los órganos jurisdiccionales podrán solicitar de oficio a la Sala de lo Constitucional que declare la inconstitucionalidad de una ley o de alguno de sus preceptos y su derogación.

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Esto, cuando conociendo en cualquier procedimiento judicial, consideren que la ley o alguno de sus preceptos aplicable al caso; es contrario a la Constitución de la República o a un Tratado o Instrumento Internacional, y que de dicha ley o precepto legal depende el fallo que deben dictar.

En ese sentido, Duarte manifestó que de parte de estos órganos jurisdiccionales se han recibido en los últimos meses estos 14 expedientes; que solicitan se analice dicho Decreto de Amnistía.

"De acuerdo con la información de la Sala Constitucional todos estos recursos han sido admitidos ya desde hace varios días atrás. Es necesario recordar que el tema de la admisibilidad solamente es una revisión formal de los requisitos que deben tener cada uno de estos recursos", precisó Duarte.  

El Decreto de Amnistía

Este Decreto de Amnistía aprobado por el Legislativo a inicios de febrero del presente año es parte de la "Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan".

Dicha ley tiene como objetivo condenar el golpe de Estado de 2009 contra el expresidente José Manuel Zelaya. Además, eliminar los procesos judiciales contra presos políticos, defensores del territorio y medio ambiente; así como a protestantes criminalizados durante las crisis políticas que ha experimentado el país en los últimos 12 años.

No obstante diversos sectores calificaron la ley como un "pacto de impunidad" pues no beneficiaría solo a perseguidos políticos; sino también a servidores públicos de otras administraciones señalados por actos de corrupción.

El decreto incluye delitos penales como abuso de autoridad; violación de los deberes de los funcionarios; malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Al menos media docena de exfuncionarios del gobierno de Zelaya, que estaba procesados por corrupción, han sido beneficiados con la amnistía política.

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