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Los abogados Jari Dixon y Mario Sorto presentaron el martes (18.01.2022) un recurso de inconstitucionalidad en contra del pago de prestaciones a altos funcionarios del gobierno saliente.
Ambos togados arribaron a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, capital de Honduras, con el propósito de interponer la acción ante la Sala de lo Constitucional.
"Es algo que está fuera de ley. Con ello, se comprometerán recursos que deberían ser destinados a la salud, la educación y la seguridad alimentaria de los hondureños y las hondureñas", indicó Dixon afuera del Palacio de Justicia.
Perjuicio millonario
El también diputado electo por Libertad y Refundación (Libre) explicó que, de acuerdo con los análisis que han realizado, dicha acción, legitimada por la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia una semana atrás, le generará al Estado un gasto superior a los 6 mil millones de lempiras (244.9 millones de dólares).
"Esto no puede ser", dijo Dixon. "No es justo que le hagan este daño al pueblo hondureño y al gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro", agregó.
Derogar el artículo
Por su parte, Mario Sorto declaró que la Corte Suprema de Justicia "tiene la obligación de pronunciarse en contra de las ilegalidades".
"Buscamos que se derogue el artículo. Estos funcionarios están incurriendo en actos de corrupción y por lo tanto, solicitamos a la Corte que se pronuncie de forma inmediata", señaló.
El artículo en mención, el 133 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, indica que "a los servidores de la Administración Central que han laborado de forma consecutiva para el Estado se les concederá indemnización conforme al beneficio que se les otorga a los empleados regidos por la Ley de Servicio Civil".
De igual modo, subraya que "este beneficio también aplicará aquellos servidores públicos que desempeñen cargos de servicio excluido". Es justamente a este párrafo al que se están amparando los altos funcionarios del gobierno que, dentro de un par de días, cesará en sus funciones.
'Violenta la ley'
Según Jari Dixon, contrario a lo que indica el artículo, se "violenta al Código de Trabajo y a la Ley del Servicio Civil", debido a que estos funcionarios "son personas que no están protegidas por ninguna de las dos normativas".
"Estos son cargos nombrados por confianza. Por lo tanto, esperamos que la Corte suspenda esta acción y no permita que estas personas cobren un solo centavo", sentenció.
Dixon indicó que, en caso de que la Corte no emita un fallo favorable o, peor aún, ni siquiera admita el recurso, elevarán la causa al Legislativo.
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"Independientemente de lo que resuelva la Corte, nosotros estamos en la responsabilidad de oponernos a esto. Hay que luchar para que esto no se cumpla y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo", declaró.
'No ha habido desembolso', dice Finanzas
Roxana Rodríguez, subsecretaría de la Secretaría de Finanzas, declaró que todavía no se ha cargado la orden de pago que beneficiaría a secretarios, subsecretarios y gerentes del gobierno saliente.
"Estamos en proceso […] Hay que presentar la documentación y los dictámenes correspondientes", explicó este martes durante La Tarde HRN y TSi. Recordó que "los instrumentos legales están" y que "este artículo no es nuevo".
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