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Son múltiples las reacciones en torno a la aplicación del decreto amnistía política que es calificado como un "pacto de impunidad" por los sectores de la oposición y que los grupos del oficialismo consideran una normativa que hace justicia a los que han defendido la institucionalidad.
Organismos de la sociedad civil tienen una línea de pensamiento: el perdón otorgado a ciertos personajes amparados en la ley recién aprobada, genera más corrupción.
Como se sabe, la amnistía decretada, ha beneficiado al ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; al ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri; y posiblemente en algunas causas imputadas al ex alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri. Se sabe que más de medio centenar de solicitudes de extinción de responsabilidad penal han sido presentadas ante los entes competentes.
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CNA: Amnistía no es para políticos con delitos
El Consejo Nacional Anticorrupción ha sentenciado que "la amnistía siempre será para los delitos políticos y no para los políticos responsables de delitos".
En círculos políticos de la oposición, se ha subrayado que quienes se han acogido a la sombrilla del "decreto del perdón y olvido" no son perseguidos políticos, sino culpables de graves acciones penales.
Un grupo de legisladores del Partido Salvador Honduras han manifestado su disposición firme de revisar y, si es posible, de dar marcha atrás a la amnistía, si los efectos son contrarios a su finalidad auténtica.
Este grupo de congresistas afirman que hay ambiente para estudiar el decreto que debe cubrir exclusivamente a los verdaderos perseguidos y enjuiciados por razones políticas.
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A criterio de otro núcleo de diputados, específicamente de la bancada liberal, la verdad es que no hay vuelta de hoja y el planteamiento para reformar o revisar la ley es "extemporánea".
Líderes y dirigentes de Libertad y Refundación atribuyeron las presiones contra la amnistía al propósito de fondo que es generar una ruptura de la alianza entre Libre y Salvador Honduras, creada para provocar los cambios que necesita la refundación de Honduras.
Presos políticos
La liberación de los presos políticos y el cese de la persecución por tales razones son -al final- potestad de los jueces; es decir, del Poder Judicial que, desde el punto de vista de integrantes del partido en el poder, está en manos del Partido Nacional.
No es por casualidad que se ha tejido la telaraña de la impunidad en el país. Resulta absolutamente necesario el combate frontal contra la corrupción, han insistido los analistas y miembros de organismos que luchan por la transparencia.
Por ahora se han intensificado las manifestaciones en contra de la amnistía política para personajes que han sido procesados y condenados por delitos diferentes.
¿Se trata de una "reprochable" cultura de la impunidad que se contradice con el compromiso del Gobierno de luchar contra la corrupción?
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