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La polémica generada por el decreto de amnistía política amplía e incondicional obliga al Partido Salvador de Honduras (PSH) a presentar la próxima semana una iniciativa de reforma orientada a cerrar el paso a los implicados en hechos de corrupción.
En ese sentido, desde el PSH buscan rectificar y presentarán un proyecto de reforma, del cual curiosamente no participó el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo.
El congresista y jefe de bancada de ese instituto político, Tomás Ramírez manifestó que el objetivo de dicha iniciativa es para garantizar que las personas que serán beneficiadas con la ley sean verdaderos presos políticos.
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“Con mucha responsabilidad nosotros no hemos aprobado una ley para que otros sectores se aprovechen de la misma”, expresó Ramírez.
Por su parte, la congresista del PSH, Ligia Ramos dijo que como partido político en el CN no quiere que la Ley de Amnistía se utilice para crear impunidad.
“No queremos que se use para impunidad. Tiene que ser bien estipulado para las personas que tienen 12 años de ser presos políticos”, indicó Ramos.
Reforma innecesaria
De su lado, el analista político, Raúl Pineda Alvarado, es del criterio que dicha reforma a la Ley de Amnistía que presentará el PSH ya es innecesaria.
Esto, porque los principales objetivos ya fueron liberados. Además, agregó que Redondo al no tener ninguna base política que respalde queda a merced de lo que el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Ejecutivo dicte.
“Lo puso y lo puede quitar Libre cuando quiera, porque no tiene votos. La única opción que queda es actuar de manera sumisa”, manifestó Pineda Alvarado.
Finalmente, el analista político afirmó que es lamentable que se le delegara a órganos extrajudiciales determinar cuando un delito es político o no.
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Además, criticó que los jueces de manera obsequiosa utilizaran la amnistía como instrumento de impunidad, cumpliendo la voluntad de quien manda.
Los beneficiados con la Ley de Amnistía
Los principales beneficiados con la aplicación de la cuestionada Ley de Amnistía, serán las víctimas de persecución política del golpe de Estado de 2009.
Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), hay casi cuatro mil campesinos que son perseguidos judicialmente por estar en contra de los hechos sucedidos el 28 de junio de 2009.
De acuerdo con los artículos del decreto, la amnistía exculpará de sus acciones o comisión de delitos en el contexto del golpe de Estado de 2009 a diversos políticos hondureños.
Esta amnistía ha recibido criticas por diversos sectores que calificaron su aprobación como un "nuevo pacto de impunidad en Honduras".
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El decreto abarca a las personas que se desempeñaron como empleados, funcionarios o autoridades electas durante la administración del expresidente, José Manuel Zelaya, entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009.
El decreto establece que estas personas fueron víctimas al ser acusados criminalmente "por oponerse y protestar contra el golpe de Estado; y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados".
Dos exfuncionarios del "Poder Ciudadano", Enrique Flores Lanza y Marcelo Chimirri; ya comenzaron a ver los frutos de dicha ley, al recibir sus cartas de libertad y responsabilidad penal.
