No es una necesidad la ley de extradición en este momento, dice la diputada del
Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena.

Tampoco es el momento correcto porque hay más de 32 extradiciones pendientes de ejecución.

“No se ejecutan esas extradiciones, no por ausencia de normativas sino por falta de voluntad. Este es un tratado de un convenio internacional que ha venido funcionando y tiene además herramientas adicionales que se pueden implementar, porque tienen una normativa supra constitucional”, dijo a tunota.

Mena dice que lo que se debe medir es la voluntad política que pueda tener la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) para proceder a esas más de 32 extradiciones pendientes.

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Un análisis jurídico

La diputada Fátima Mena dice que al darle una lectura al proyecto de ley propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), es muy similar al auto acordado.

Con la diferencia de que dicho instrumento es una resolución adoptada por el pleno de la CSJ.

“En este proyecto el que me hace ruido es el artículo 5, inciso b, que dice que no podrá ser extraditada una persona cuyo delito tenga impactos o perjuicios para el Estado de Honduras”, señala.

Mena dice que el delito de narcotráfico también podría vincularse a un perjuicio de la salud pública del Estado hondureño.

“Son delitos transnacionales. Basta con comprobar que una persona cometió este ilícito acá para que aleguen que no pueden ser extraditados. Este sí podría ser un obstáculo desde la perspectiva jurídica para realizar las extradiciones”, advierte.

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Trampas

Raúl Pineda Alvarado se pregunta si ¿es este un buen momento para abordar un tema que despierta sospechas?

Pineda asegura que la extradición interesa a una minoría y es justamente a las personas sujetas a una extradición.

“Genera sospecha que al inicio de un Gobierno se pretenda crear una ley de extradición que pudiera eventualmente entrampar, dilatar y volver complejo un
proceso que hasta el momento se ha desarrollado con fluidez”, señala.

Concluye que tocar este tema en este momento no es lo más conveniente, por lo que se pudiera derivar de una acción precipitada del Poder Legislativo.