La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, ha solicitado transparencia y una "rigurosa revisión" de los contratos de energía que serán enviados próximamente al Congreso Nacional (CN) para su discusión y aprobación.

Se trata de dos paquetes de contratos de energía que serán enviados en este mes de mayo al CN por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y que, de acuerdo con la ASJ, "carecen de la transparencia necesaria para su aprobación".

Erick Tejada, gerente interino de la ENEE, anunció que el primer grupo, compuesto por 18 adendas derivadas de la renegociación de contratos de generación de energía, se entregará al Congreso el martes 7 de mayo. Estos incluyen rebajas en el precio de cinco contratos térmicos, dos eólicos, dos de biomasa y ocho solares.

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La ASJ hace referencia al artículo 4 del Decreto 046-2022, de la Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social que otorgaba 60 días hábiles a la ENEE para renegociar contratos en operación comercial, con el objetivo de reducir precios.

Dicho plazo venció en agosto de 2022 y, hasta la fecha, los cambios, modificaciones y adendas a estos contratos no han sido revelados. Según Kevin Rodríguez, representante de la ASJ, la población hondureña tiene derecho a conocer esta información.

La organización también señala que el artículo 9 del mismo decreto establece plazos específicos para la depuración y rescisión de contratos aún no operativos por parte de la ENEE.

Sin embargo, hasta la fecha, la empresa no ha divulgado detalles sobre el progreso de este proceso ni el estado de los aproximadamente 94 contratos que requerían depuración.

La ASJ cuestiona la renegociación de contratos como el caso de la planta Brassavola, propiedad de la empresa CECHSA.

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Rodríguez explicó que este contrato fue otorgado de forma directa en 2008 para comenzar a operar con 150 megas en 2010, pero nunca produjo energía. La planta, que funcionaría con carbón en Trujillo, Colón, ahora se reactivará en Villanueva, Cortés, para operar con diesel y proporcionar 240 megavatios al sistema.

Según la ENEE, el costo del kilovatio de energía brindado por esta planta será de 27 centavos de dólar, unos 6.66 lempiras.

"Corrupción"

Marvin Ponce, asesor presidencial, criticó la reactivación de contratos como el de Brassavola, que según él, siendo diputado por Unificación Democrática (UD), denunció como "ficticio". Ponce advirtió sobre posibles actos de corrupción relacionados con este contrato.

"La planta ya se está construyendo y el contrato no ha llegado al Congreso lo que significa que sí o sí se va a aprobar. Se van a robar 2,400 millones de dólares y será el mayor acto de corrupción del gobierno de Xiomara Castro", indicó Ponce.

La ASJ enfatiza que la Ley de Energía aprobada en el Congreso hondureño tenía como objetivo la renegociación de precios, no la reactivación de contratos y cambio de condiciones.

Transparencia

La organización insta a las autoridades a adherirse estrictamente al Decreto 046-2022 y evitar la reactivación de contratos inactivos durante más de una década, lo cual ha agravado el déficit energético y causado severos daños al país.

Además, hace un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que analicen y debatan públicamente cada uno de los contratos renegociados, asegurándose de transmitir estos debates en vivo.

La ASJ señala que es responsabilidad de los parlamentarios no aprobar contratos que no estén en estricto apego a lo establecido en la ley y que resulten lesivos para las finanzas de la estatal eléctrica y el pueblo hondureño.

La aprobación de estos contratos de energía requiere el apoyo de 65 de los 128 diputados que conforman el Congreso Nacional de Honduras.

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