Entidades del Gobierno anunciaron este viernes la creación e instalación de una comisión tripartita para investigar en profundidad si el conflicto del Bajo Aguán supera la materia agraria y llega a escalar a violaciones a los derechos humanos.

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, indicó que esta misión tendrá carácter permanente y estará integrada por la Secretaría de la Presidencia de la República, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y abogados internacionales propuestos por la plataforma agraria.

La comisión tripartita proporcionará la información compartida por las partes en conflictos y girará la convocatoria para una primera reunión, la fecha de la misma se conocerá oportunamente, con el fin de solventar la problemática del Bajo Aguán con el consenso de las partes.

"Para estructurar, potenciar el consenso, negociaciones, resultados de los acercamientos con la empresa privada palmera (palma africana) y la plataforma agraria, y así prontamente la decisión final del conflicto", manifestó Sabillón.

Violación de DD.HH. en adquisición de tierras

Por su parte, el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, señaló que la estructura integrada por tres partes atenderá las denuncias que señalan violación de derechos humanos en la adquisición de las tierras en conflicto.

"Va a estar para descubrir los hechos y las verdades del camino (...) queremos un equilibrio respetar los derechos de propiedad, respetar el acceso a las tierras del campesino y no violentar los derechos humanos", manifestó.

Asimismo, indicó que para esto buscarán sentarse tanto con la empresa privada como con agricultores para llegar a las negociaciones necesarias que acaben con el conflicto.

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Tierras en propiedad de la OABI

Fúnez expresó que también buscarán que tierras pertenecientes a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), manejada por testaferros, se traslade a manos de una coordinación INA - OABI.

"Tenemos que investigar cómo están esas tierras, qué figura jurídica tienen, quién las tiene", precisó.

Bajo Aguán

El Bajó Aguán ha sido una zona de conflicto entre campesinos y terratenientes desde 2008, provocada porque campesinos organizados exigen la legalización de cientos de hectáreas de tierra productora de palma africana que son propiedad privada.

A la fecha, el conflicto ha dejado como saldo más de un centenar de decesos, entre campesinos, guardias de seguridad, empresarios, militares y policías.

La semana pasada la problemática de la zona se trasladó a manos de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, con el fin de frenar las disputas y violencia, luego de no lograrse acuerdos entre las partes en los últimos cuatro meses.

Por ello, dicha comisión tripartita anunciada este día se convierte en una acción directa de la mandataria relacionada a este conflicto, misma que cuenta con las documentación recabada hasta el momento.

Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los conflictos por tenencias de tierras en Honduras ocasionaron pérdidas de 12 mil empleos directos y paralizaron inversiones por un monto mayor a los 2,400 millones de dólares.

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