En tal sentido, el Ejecutivo hondureño anunció este día varias estrategias para hacerle frente a la ola de criminalidad que mantiene de rodillas a la población hondureña.  

Entre estas, la administración de Xiomara Castro instruyó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel) a prohibir la compra y venta de tarjetas SIM CARD (Chip) para celulares, sin que exista un estricto registro e identificación de los compradores.  

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Además, advirtió que responsabilizará y sancionará a las compañías de telefonías autorizadas en caso de incumplimiento y sus sucursales para operar en el país.  

De acuerdo con cifras oficiales, en Honduras hay más de ocho millones de usuarios de telefonía móvil.

Nueva ley

Conatel remitió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley que contiene las medidas que deberán implementar las empresas operadoras de telefonía móvil en Honduras al vender chips o número de teléfono celular.

Sin embargo, dicho anteproyecto no ha sido aprobado en el Congreso Nacional, pero se espera que en los próximos días se discuta, apruebe y entre en vigencia una vez publicado en el diario oficial La Gaceta.

El documento indica que para vender un chip o tarjeta SIM que contiene el número de teléfono celular, las empresas deben de registrar el nombre completo del usuario, su número del Documento Nacional de Identificación (DNI), o de pasaporte y residencia en caso de que la persona sea extranjera.

Además, la compañía deberá consignar la modalidad de compra del chip, si es pre pago o post pago, así como el lugar, hora y fecha de activación del número vendido.

Los operadores de telefonía móvil tendrán que validar o implementar el sistema biométrico que debe de incluir el reconocimiento del iris del ojo, voz, huella digital y rostro de la persona que ha comprado el chip.

Esta medida excluye a la mayoría de vendedores de chip ya se ofrecen hasta en pulperías.

También las compañías de teléfonos deben identificar con Registro Tributario Nacional Numérico (RTN) y DNI al distribuidor o revendedor de teléfonos y tarjetas SIM.

Toda esta información de la persona que posea un número telefónico deberá estar en una base de datos nacional y a disposición de las instituciones operadoras de justicia para procesos de investigación contra una persona por extorsión o delitos conexos.

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