En tal sentido, el Ejecutivo hondureño anunció este día varias estrategias para hacerle frente a la ola de criminalidad que mantiene de rodillas a la población hondureña.  

Entre estas, la administración de Xiomara Castro instruyó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel) a prohibir la compra y venta de tarjetas SIM CARD (Chip) para celulares, sin que exista un estricto registro e identificación de los compradores.  

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Además, advirtió que responsabilizará y sancionará a las compañías de telefonías autorizadas en caso de incumplimiento y sus sucursales para operar en el país.  

De acuerdo con cifras oficiales, en Honduras hay más de ocho millones de usuarios de telefonía móvil.

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Nueva ley

Conatel remitió al Congreso Nacional un anteproyecto de ley que contiene las medidas que deberán implementar las empresas operadoras de telefonía móvil en Honduras al vender chips o número de teléfono celular.

Sin embargo, dicho anteproyecto no ha sido aprobado en el Congreso Nacional, pero se espera que en los próximos días se discuta, apruebe y entre en vigencia una vez publicado en el diario oficial La Gaceta.

El documento indica que para vender un chip o tarjeta SIM que contiene el número de teléfono celular, las empresas deben de registrar el nombre completo del usuario, su número del Documento Nacional de Identificación (DNI), o de pasaporte y residencia en caso de que la persona sea extranjera.

Además, la compañía deberá consignar la modalidad de compra del chip, si es pre pago o post pago, así como el lugar, hora y fecha de activación del número vendido.

Los operadores de telefonía móvil tendrán que validar o implementar el sistema biométrico que debe de incluir el reconocimiento del iris del ojo, voz, huella digital y rostro de la persona que ha comprado el chip.

Esta medida excluye a la mayoría de vendedores de chip ya se ofrecen hasta en pulperías.

También las compañías de teléfonos deben identificar con Registro Tributario Nacional Numérico (RTN) y DNI al distribuidor o revendedor de teléfonos y tarjetas SIM.

Toda esta información de la persona que posea un número telefónico deberá estar en una base de datos nacional y a disposición de las instituciones operadoras de justicia para procesos de investigación contra una persona por extorsión o delitos conexos.

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