El caso de Gary Johnston, estadounidense acusado del delito de trata de personas, luego de mantener privada de su libertad a una menor de 12 años en Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño, es más delicado de lo que se cree, así lo explicó la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

De acuerdo con Villanueva, en entrevista en el programa 30/30 de TSi, el caso no debió seguirse en Roatán, pues no hay plena confianza en la justicia local en la isla, por tal razón se determinó que sea un juez con jurisdicción nacional quien conozca la causa.

"El caso lo llevamos con jueces con jurisdicción nacional porque si lo hubiéramos hecho con otro tipo de jueces ningún hallazgo tuviéramos en los allanamientos", aseguró Villanueva.

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Incluso, "lo trabajamos con agentes fuera de la isla (Roatán) precisamente porque en la isla hay intereses creados", añadió, señalamientos que ha mantenido desde la detención de Johnston.

En Roatán borran huellas

A criterio de la funcionaria de Seguridad, la desconfianza radica en que "los dueños de la isla no tienen ningún antecedente (...) ahí la gente puede borrar sus huellas en caso de ser denunciada".

No obstante, para la también experta en medicina forense lo que no se puede eliminar es el resultado de pruebas científicas, por eso "estamos confiados que la prueba científica bien construida hará que cualquier falsedad o mentira caiga".

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Estadounidense vinculado al caso Angie Peña

Gary Johnston, de 63 años, capturado en su residencia en Roatán, sostenía una relación desde hace seis meses atrás con la niña de 12 años encontrada en su casa. No obstante, su caso va más allá, pues según Villanueva está involucrado en la desaparición de la joven Angie Peña.

"Nosotros henos venido haciendo investigaciones y definitivamente Angie Peña no pereció en el mar (...) no falleció en situaciones accidentales como al inicio de la investigación", detalló respecto al caso de la joven hondureña de 23 años de edad, desaparecida desde el 1 de enero en Roatán.

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Sobre Johnston

A este extranjero lo acusan de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, pues lo capturaron mediante un allanamiento el pasado lunes 29 de agosto en su vivienda ubicada en el sector Turtle BeachRoatán.

Luego lo trasladaron hasta los Juzgados de Letras con Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula, Cortés, norte del país, donde le dictaron detención judicial y permanece privado de libertad en un centro penal de El Progreso, Yoro.

Sin embargo, dos días después el juez encargado del caso desistió y lo remitió a los Juzgados de Letras de Islas de la Bahía, con su respectiva sede en Roatán.

Este lunes el estadounidense comparece en una audiencia inicial programada para las 9:00 de la mañana en los Juzgados de los Penal en Roatán, luego de que el juez desistiera a llevar el caso.

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