Mediante una carta enviada al juez Kevin Castel, la experimentada abogada estadounidense señala al Tribunal ciertas posiciones adoptadas por los accionistas -fiscales- de la información clasificada en el caso contra el exmandatario Hernández.
"El documento -sobre la información clasificada- recoge información no autorizada del abogado derivada de sus conversaciones con Juan Orlando Hernández", explica en su misiva la abogada Shroff.
De igual forma, indica que Juan Orlando Hernández, conocido también como JOH, derivó su información de fuentes que nunca le hicieron mantener de cerca la información que recibió como resultado de su cargo como presidente del Congreso Nacional (2010-2014) y presidente de la República de Honduras (2014-2022).
"En resumen, la información contenida en el documento fue compartida libremente con y por el señor Hernández durante años; tanto, antes de ser detenido como luego con cualquier con el que él decidiera compartirla en el Centro de Detención Metropolitano.
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Seguidamente, Shroff manifiesta que la Fiscalía después de recibir y revisar la información clasificada, se negó a otorgar a los abogados autorizados la necesidad de conocer y acceder al documento.
"En cambio, los mismos accionistas -fiscales- que aún tienen que desclasificar documentos de diciembre de 2023, a pesar de conocer la fecha del juicio en febrero -de 2024-. Sostienen que los abogados defensores autorizados solo se les debe permitir trabajar con el documento en presencia CISO", puntualiza Shorff.
El Chief Information Security Officer (CISO por sus siglas en inglés) es el perfil encargado de proteger los datos o información ante posibles ciberataques.
La abogada Sabrina Shroff se integró al equipo de Hernández en enero de 2023 para abordar cuestiones relacionadas con la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).,
Ahora forma parte de la defensa que estará presente en el juicio que comenzará el próximo 20 de febrero a las 9:30 hora de Nueva York, (8:30 a.m. hora hondureña).
Su presencia cobra relevancia, ya que su labor consiste en asegurar que los derechos del acusado, incluido el acceso a información exculpatoria, sean garantizados.