Por unanimidad de votos la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este jueves darle curso a solicitud de extradición presentada por el Ministerio Público contra Fernando José Suarez Ramírez, principal testigo en caso Pandora.

El pasado 12 de julio el hondureño, de 41 años, fue capturado en El Salvador, pero no fue entregado a las autoridades hondureñas por contar con asilo político en España, emitido en mayo de 2022.

A Suárez se le supone responsable de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos, prevaricato y lavado de activos.

Por ello, el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos Cruz, envió la solicitud de extradición a la CSJ para su resolución y que posteriormente esta sea enviada a El Salvador a través de Cancillería.

Se conoció que dicha petición se hace con base en la Convención de Extradición Centroamericana, adoptada el 7 de febrero de 1923 en Washington, D.C., de Estados Unidos, donde se establece que las repúblicas entregarán recíprocamente a los individuos que se oculten y estén siendo procesados o tengan una pena no menor a dos años de reclusión.

El director comunicaciones de CSJ, Melvin Duarte, señaló que será la hermana nación quien valorará la documentación enviada por Honduras para efectuar o no la extradición.

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Caso Pandora

La Unidad Fiscal Especial contra las Redes de la Corrupción (Uferco) junto a la ahora extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) judicializaron el caso Pandora en 2018.

Según esta investigación, habían 36 implicados, de los cuales se contaban varios diputados del Congreso Nacional y funcionarios.

Una ampliación presupuestaria de 30 millones de lempiras que la SAG solicitó a la Secretaría de Finanzas en 2011, originó el caso Pandora con más de 208 millones de lempiras que fueron manejados por la fundación "Todos somos Honduras", según el informe forense de un perito del Ministerio Público.

Estos fondos se solicitaron por el entonces titular SAG, Jacobo Regalado, para financiar un supuesto proyecto de ayuda a los pobres.

Sin embargo, dicho proyecto nunca se ejecutó y, en cambio, el dinero fue a parar a destinatarios políticos.

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