En declaraciones a periodistas, Aguirre señaló que la Constitución de la República ya establece el procedimiento a seguir en cuanto a la realización de una consulta popular.

"Tenemos la capacidad técnica y de iniciativa para realizarla, sin embargo, la Constitución es bien clara que para llevar acabo una consulta popular por parte de este organismo electoral debe pasar por el Congreso Nacional", recordó.

Seguidamente, explicó que el artículo 5 de la Constitución establece que en asuntos constitucionales la aprobación de una consulta popular debe ser por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes de votos de la totalidad de diputados.

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"Para que se pueda llevar acabo esta consulta tienen que aprobar un decreto en el CN donde a nosotros nos ordenan que realicemos esta consulta popular. Recordemos que somos un órgano ejecutor, debemos acatar un mandato que nos pueda dar el Congreso y por tanto debemos prepararnos con base a ese decreto en caso que se aprobara", dijo Aguirre.

En la reunión participaron los consejeros del CNE, Julio Navarro y Kelvin Aguirre, además, los congresistas de Libre, Rasel Tomé, Obed López y Mauricio Riva.

Las explicaciones de Aguirre sobre este proceso de consulta se producen en medio de la falta de consensos entre las bancadas de los partidos políticos representados en el Congreso para elegir (periodo 2023-2030) al sustituto del exfiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, quienes terminaron su gestión de cinco años el 31 de agosto.

Consulta popular en 3 o 4 meses

Entre tanto, el diputado Rasel Tomé, indicó que una posible consulta popular se podría realizar en un periodo de tres a cuatro meses.

Al mismo tiempo, precisó que en las pasadas elecciones generales de 2021 se colocaron 18,400 Juntas Receptoras de Votos (JRV) y si se llegara a realizar la consulta popular esta solo ocuparía unas 12 mil JRV.

"Ya solo sería una papeleta y la pregunta sería: ¿ Por cuál de esta nómina usted estaría de acuerdo para fiscal general?, ¿Sí o no?", manifestó Tomé.

Compartió la opinión de las autoridades del CNE, en que esta consulta popular sobre podría hacerse si el Congreso aprobara un decreto legislativo, estableciendo la orden para que el CNE realice el plebiscito y el presupuesto para efectuarlo.

Mecanismo de consulta popular

Tanto el plebiscito como el referendo son un mecanismo legal que permite la participación ciudadana directa en temas de transcendencia.

La normativa vigente establece que tanto el referéndum y el plebiscito pueden ser solicitados por al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en el Censo Nacional Electoral, al menos diez diputados del Congreso Nacional y el presidente de la República en resolución de consejo de ministros.

Una vez se conoce la iniciativa en el pleno legislativo, se requiere del respaldo de 86 congresistas de los 128 que conforman el Poder Legislativo siendo las dos terceras partes de los diputados.

La elección

El partido Libertad y Refundación, que solo suma 52 votos, necesita llegar a acuerdos con las principales bancadas de la oposición, que hasta ahora cuentan con 74.

Tradicionalmente, por maniobras de los políticos, los poderes del Estado de Honduras se han repartido entre los otrora centenarios y tradicionales partidos Liberal y Nacional; lo que le ha restado credibilidad al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y al mismo Ministerio Público, desde hace mucho tiempo.

El proceso de elección de los nuevos dos fiscales, para los que el Parlamento cuenta con cinco candidatos, podría continuar esta semana, luego de cuatro intentos fallidos entre el 29 y el 31 de agosto.

El titular del CN, al cerrar la sesión del 31 de agosto, le dijo a los diputados que oportunamente se les convocará a la próxima sesión, sin precisar fecha.

Libre mantuvo 52 votos para la nómina que encabeza Johel Antonio Zelaya, la propuesta del oficialismo para fiscal general y Marcio Cabañas para fiscal adjunto.

Mientras la oposición conformada por el Partido Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, lograron 74 votos.

La oposición aprueba la nominación de Marcio Cabañas como fiscal general y Jenny Almendares como fiscal adjunto.

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