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El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) llevó este martes ante el Ministerio Público (MP) una denuncia contra exintegrantes del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, por presunto derroche de más de 400 millones de lempiras en la construcción de la cárcel 'La Acequia', ubicada en el municipio Quimistán, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.
Juan Ramón Molina, Lourdes Alejandra Hernández Quan y Rosa Adelina Pavón, exfuncionarios de la Tasa de Seguridad, son los señalados en la denuncia por el delito de administración desleal del patrimonio público.
Estas personas, según el CNA integraban el Comité que administraba los fondos para el proyecto que fue contratado a una empresa para supervisar las obras de construcción del penal entre 2009 y 2015.
Además, el CNA los denunció ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por la mala gestión del centro penitenciario 'La Acequia', que actualmente se encuentra abandonado.
Esta nueva línea de investigación fue presentada por el CNA durante la presentación del libro "Monumentos de la Corrupción", donde se exponen diez casos que han implicado la pérdida de más de 5 mil millones de lempiras.
Desembolsos
En 2016, el Comité Técnico de la Tasa de Seguridad firmó un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para administrar los fondos destinados a la construcción de La Acequia.
Según las investigaciones del CNA, se desembolsaron 544 millones 657 mil 759.37 lempiras para el proyecto de la cárcel, que según el INP, sería de mínima, mediana y máxima seguridad. Sin embargo, actualmente se encuentra en estado de abandono.
El CNA afirmó que los más de 544 millones de lempiras "se despilfarraron en hierro, cemento, bloques y otros materiales" ya que el proyecto del presidio fue abandonado.
La construcción de la cárcel, que abarca 200 hectáreas de terreno y tenía como objetivo albergar a 2,500 reclusos, inició durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), tras el incendio del 17 de mayo de 2004, donde 107 presos murieron carbonizados en el desaparecido presidio de San Pedro Sula, Cortés.
Inicialmente, la comisión a cargo del proyecto era de la Diócesis de San Pedro Sula (Iglesia católica), liderada por el obispo Rómulo Emiliani (ahora emérito).
Sin embargo, en 2016, el gobierno informó al comité que la obra sería trasladada al Instituto Nacional Penitenciario (INP), el cual la adjudicó a una empresa privada.
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