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La mandataria Castro anunció que el desalojo de diferentes grupos de personas que mantienen tomados terrenos con diversos cultivos serán ejecutados mediante órdenes emanadas por el Poder Judicial.
"El Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia, a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial", dijo Xiomara Castro.
Según el informe que presentó la gobernante hondureña, desde diciembre de 2021 se ha generado una escalada en la ocupación de tierras productivas, lo que provoca inseguridad y anarquía, e impacta negativamente en el desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión.
En la actualidad están tomadas 36,451.17 manzanas de tierras con diferentes cultivos, entre estas fincas de palma aceitera, indicó Castro.
"Atlántida y Colón representan los principales polos de conflictividad referente a ocupación de tierras por parte de organizaciones campesinas que reclaman derecho a la tierra, grupos irregulares, sectores influenciados por crimen organizado para crear anarquía en el país, y otros no determinados", agregó.
Poca acción judicial
Según la presidenta hondureña, pese a que ha habido denuncias de sectores empresariales por las tomas ilegales de sus tierras productivas, ha habido poca acción de la parte judicial.
"Las investigaciones han demostrado poca operatividad en la evacuación de denuncias y emisión y ejecución de órdenes judiciales de desalojo", añadió Castro.
De acuerdo con la mandataria, entre 2018 y 2022, de una muestra de 378 denuncias de invasiones de tierras, solamente el 6 por ciento fueron evacuadas.
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En relación a denuncias de tomas de 56 fincas de palma aceitera los juzgados solo han emitido 22 órdenes de desalojo, pero solo nueve se han ejecutado, dijo Castro, mientras leía el informe emanado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
De esa manera, Xiomara Castro ordenó a que se dé prioridad a las acciones que se ejecutarán para desalojar tierras tomadas al sector social de la economía y de la reforma agraria, así como a fincas privadas de palma aceitera, caña de azúcar, bananeras y otras.
"La ejecución de las órdenes de desalojo que procedan del Poder Judicial indistintamente del cultivo y de la ubicación geográfica de las tierra debe cumplirse", manifestó.
De igual manera, el Gobierno dirigido por Castro anunció también la aplicación de la ley al delito de usurpación en flagrancia permanente y desplazamiento forzoso.
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se ha reiterado que el Gobierno debe ser garante del derecho a la propiedad privada ante la problemática de las invasiones de tierras en Honduras.
Creación de ley
Otras acciones que derivarán de la comisión de seguridad es crear un proyecto de decreto que contenga acciones concretas para reducir la mora agraria referente a solicitudes de acceso a la tierra.
Con esto se busca beneficiar con acceso a la tierra a campesinos, mujeres, comunidades indígenas y pueblos originarios, dijo Xiomara Castro.
El decreto deberá ser discutido y aprobado en un Consejo de Ministros para luego remitirlo al Congreso Nacional para su aprobación.
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La presidenta Xiomara Castro dijo que el sector agropecuario de Honduras aporta el 12.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y el 35 por ciento de las exportaciones del país corresponden a este sector de la economía cuya actividad se desarrolla principalmente en el sector rural, donde el 63 por ciento de la población vive en condición de pobreza y 50 por ciento en pobreza extrema.
Entre otras acciones, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordenó al Instituto de la Propiedad (IP) para que junto al Instituto Nacional Agrario investiguen las propiedades que tienen carácter legal en sus antecedentes registrales, pero que su tramitación y adquisición tiene ilegitimidad.
