Según Herrera, más de 30 mil manzanas de tierras cultivadas con palma aceitera, ocra, caña de azúcar y algunas fincas ganaderas han sido invadidas en el último año por diferentes grupos de personas.

En ese sentido, el representante del Cohep recibió de forma positiva el anuncio de la presidenta Xiomara Castro de desalojar aquellas tierras que han sido tomadas ilegalmente.

Herrera reiteró hoy que uno de los efectos más importantes de la desaceleración del ritmo de la economía hondureña tiene que ver precisamente con la invasión de tierras privadas.

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Al mismo tiempo, Santiago Herrera abogó porque existan reglas claras respecto al uso de criterios para tomar aquellas tierras que consideren ociosas y definir bajo qué condiciones se determinará un justiprecio - en caso de que haya expropiaciones de tierras-.

Las invasiones de tierras ponen en precario la propiedad, la producción de alimentos, las exportaciones y los empleos, por lo que es necesario tomar acciones sistemáticas basadas en ley, indicó el delegado del Cohep.

"Hito histórico"

Mientras tanto, el presidente del Cohep, Mateo Yibrín, dijo que este anuncio de parte de las autoridades gubernamentales "marca hoy un hito histórico hacia el progreso económico y social de nuestro país".

"El Consejo Hondureño de la Empresa Privada desea expresar su agradecimiento a la presidenta Xiomara Castro por su acción valiente y decisiva en favor de los derechos de propiedad", expresó Yibrín a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Con esta decisión, agregó Yibrín "sí se muestra el compromiso de atraer inversiones, generar empleo y lograr soberanía alimentaria".

El dirigente empresarial expresó el apoyo al Gobierno y se mostró en disposición de participar en las acciones que desarrolle la comisión agraria que buscará solventar los problemas que existen en el país por el acceso a propiedades.

Comisión agraria

El desalojo de tierras productivas invadidas, tomar tierras ociosas y otras decisiones son parte de las acciones encomendadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a una comisión agraria y de acceso a la tierra que se creó el lunes 5 de junio.

Al respecto, el subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría, dijo que el mandato de la comisión es buscar soluciones a grupos hondureños que no han tenido acceso a la tierra, entre ellos campesinos, mujeres y poblaciones indígenas.

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Además, existirá la posibilidad real de reformar el artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola que impide al INA hacer uso de tierras privadas aunque estén ociosas o abandonadas para dárselas a las personas que no tienen propiedades.

En ese sentido, Rafael Alegría no descartó que haya expropiaciones de tierras ociosas, todo sujeto a análisis y estudios de la comisión agraria.

Justicia en el campo

"Lo que se busca es hacer justicia en el campo, solventar el problema de soberanía alimentaria y combate a la pobreza", indicó el funcionario del INA.

Alegría aclaró que todas las decisiones que se tomen serán consensuadas con el sector empresarial y grupos de campesinos de Honduras.

La comisión agraria será presidida por el director del INA, y la integrará un representante de las Fuerzas Armadas, el ministro de Seguridad, un diputado delegado por el Congreso Nacional, un representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), otro del Ministerio Público, también del Instituto de la Propiedad (IP) y uno de la Secretaría de Desarrollo Económico.

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