La Comisión Especial del Congreso Nacional (CN) encargada de investigar las actuaciones de los operadores de justicia en asuntos de extradición, recomendó este martes al Pleno de ese Poder del Estado la creación de la Ley de Extradiciones en Honduras.
En ese sentido, al final de un largo informe presentado esta noche por los integrantes de dicha comisión, el CN recomendó al Poder Ejecutivo incorporar al Tratado de Extradición otros tipos penales.
También, decretar la Ley de Extradiciones que cumpla con las normas jurídicas contenidas en los tratados y convenciones Internacionales suscritos por Honduras.
El jefe de la bancada del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, dijo "estar asustado" por la recomendación de la Comisión Especial en relación a la Ley de Extradiciones y aseguró que esto es debido a que "les está llegando el agua a la puerta de su casa".
"Hoy por arte de magia en la presentación de este informe ustedes vienen a decir que hoy si se necesita una Ley de Extradición (...) yo les digo, les está llegando el agua a la puerta de su casa y por eso necesitan esa Ley de Extradición", sostuvo Zambrano.
Es importante indicar que en el país no existe una ley procesal referente al tema solo la aprobación de un tratado entre Honduras y Estados Unidos y un auto acorado que regula el proceso.
El auto acordado, vigente a partir del 11 de junio de 2013, fue aprobada por mayoría de votos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este auto acordado establece la designación de un juez natural para que conozca el proceso de extradición.
El procedimiento utilizado, con base al acuerdo de extradición, comienza por la solicitud formal de Estados Unidos hacia la cancillería, quien luego hace la remisión a la Corte Suprema de Justicia, que es donde se nombra al juez natural.
Juicio político
Además, dicha comisión recomendó un juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, y el fiscal general del Ministerio Público (MP), Óscar Chinchilla.
De igual forma, la Comisión Especial que investiga a los operadores de justicia, sugirió que se interpelara a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
Según el informe de la CSJ se han tramitado 77 solicitudes de extradiciones y existen 97 solicitudes de extradición, de las cuales 33 tienen extradición firme. 32 con orden de captura pendiente, seis personas con extradición diferida, dos en trámite, y 19 a quienes se les retiró la solicitud y cinco personas con denegatoria de la solicitud.
Al final de la lectura del informe, la Comisión Especial dio a conocer las distintas conclusiones de las cuales resaltan que la documentación de los archivos relacionados con el proceso de extradición, fueron sacados o destruidos de las distintas Secretarías de Estado que son parte de estos procesos.
La integrante de la comisión legislativa, Silvia Ayala, indicó que las actuales autoridades tuvieron que reconstruir los expedientes y que esta situación debe de ser investigada.
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Mencionó que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), utilizó el poder político controló el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para favorecer las actividades de narcotráfico en Honduras.
Una de las conclusiones de la Comisión Especial es que era un deber del fiscal general de investigar y enjuiciar a cada uno de los hondureños que fueron solicitados posteriormente en extradición. Así como promover antejuicios y acciones de responsabilidad civil contra jueces y magistrados, quienes sobreseyeron por delitos de narcotráficos a los extraditados.
Además, Ayala leyó que Chinchilla debió promover acciones civiles contra los magistrados que declararon sin lugar los antejuicios solicitados contra jueces que dejaron en libertad a los narcotraficantes.
Por otro lado, reprochó que Rolando Argueta como titular del Poder Judicial no sancionó a los jueces y magistrados que conocieron las causas penales contra narcotraficantes.
Reacciones
"No vengan hoy a decir al CN que este juicio político es por el interés de ustedes de fortalecer la justicia, porque es falso. Hoy han dejado claro que la intención de Libertad y Refundación (Libre) y su alianza es tener el control de la próxima Corte Suprema de Justicia", expresó Zambrano.
El parlamentario del PN, Jorge Zelaya, señaló que el actual Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, actúa con doble moral y recordó que para un juicio político necesitan mayoría calificada.
"Les gusta hablar con doble moral, con la que ha actuado esta junta directiva ilegítima. Para el juicio político necesitan mayoría calificada y no van a tener los votos del Partido Nacional", aseguró Zelaya.
Por su parte, el diputado del partido de la estrella solitaria, Antonio Rivera, secundó la posición de su compañero de Cámara y adelantó que ese instituto político no participará en un eventual juicio político contra Argueta y Chinchilla.
"Dejen de tirar cortinas de humo, no tienen los 86 votos para el juicio político. Esto es persecución política y cortina de humo. No van a contar con nuestros votos", indicó Rivera.
De su lado, el congresista del Partido Liberal (PL), Mario Segura, cuestionó que mientras ellos debaten sobre realizar juicio político al titular del Poder Judicial y al fiscal general del MP, los hijos de algunos diputados están consumiendo droga.
"Ustedes se han puesto a pensar que en este momento que estamos alegando, un hijo de ustedes está ingiriendo drogas que le fueron a vender a la esquina (...) eso nos debería de preocupar como nación", manifestó Segura.
Para la realización de un juicio político en Honduras, se necesita mayoría calificada en el CN. Es decir, 86 de los 128 votos de los parlamentarios hondureños.
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