Los datos, recopilados por la Unidad de Estadísticas del Conadeh, revelan mala o baja atención de salud, abusos de autoridad, torturas, hostigamiento y violencia, de acuerdo al organismo.

Ante esa situación, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, abogó por una política penitenciaria enfocada a salvaguardar los derechos humanos de los privados de libertad.

"Se debe crear una política penitenciaria integral, con un enfoque de derechos humanos que sea participativa, en la que diferentes sectores como el Conadeh y Conaprev participen, para alcanzar ese enfoque de derechos humanos que es tan importante", declaró Izaguirre, también excomisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).

Entre 2003 y 2022, las denunciadas violaciones sistemáticas de derechos humanos, según el Conadeh, han dejado a más de 987 personas muertas en los distintos centros de detención penal del país.

Violencia

Algunas de estas personas han fallecido en medio de violentos amotinamientos producidos por representantes de organizaciones criminales, que rivalizan entre ellos y que se encuentran recluidos.

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Así ocurrió entre el sábado 8 y el domingo 9 de abril, cuando, casi simultáneamente, se registraron episodios violentos en cuatro cárceles distintas (tres de máxima seguridad).

Los actos, protagonizados por miembros de la Mara Salvatrucha y de la pandilla Barrio 18, dejaron una persona muerta y otras siete heridas, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INP).

En consecuencia, la presidenta Xiomara Castro anunció el 9 de abril una "enérgica intervención" del sistema carcelario, y un día después designó a la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, como encargada de dirigir la misión de intervención.

Aunque la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) pidió "respeto a la "dignidad humana", el Gobierno, a través del canciller Enrique Reina, aseguró que "protegerán los derechos humanos, pero con firmeza".

Durante los últimos años, la permanente crisis en los centros penales ha intentado ser resuelta con intervenciones ejecutadas por la Secretaría de Defensa, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), y en la administración actual por la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, las distintas organizaciones de derechos humanos, como la oenegé Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), piden un fortalecimiento del INP, con enfoques "más humanistas".

El Conadeh estima que hay 19,586 personas privadas de libertad en las 25 cárceles de Honduras, pese a que la capacidad no es superior a 10 mil.

De esta población recluida, solo entre el 20% y el 25% pertenece a alguna estructura criminal, según autoridades.

Días atrás, la Oacnudh calificó al sistema penitenciario de Honduras como "estructuralmente deficiente en materia de hacinamiento, gestión penitenciaria y garantía de seguridad integral de las personas privadas de libertad".

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