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En las últimas horas, el órgano dependiente de la ONU urgió a Honduras a que adopte medidas de seguridad y gestión penitenciaria que incorporen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas del tratamiento de las y los reclusos (Reglas de Mandela).
En respuesta, el canciller hondureño, Enrique Reina, afirmó que "el Gobierno cumplirá con la ley y los compromisos internacionales de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos".
La gobernante hondureña determinó intervenir el sistema penitenciario nacional después de que en un lapso de 24 horas, entre el sábado y domingo pasado, se generaron reyertas en cuatro cárceles del país, tres de ellas calificadas de "máxima seguridad".
Ante ello, la Oacnudh, vía comunicado, indicó que estos hechos evidencian la "deficiencia estructural" en materia de "hacinamiento, gestión penitenciaria y garantía de seguridad integral de las personas privadas de libertad".
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El organismo también pidió al Estado hondureño "tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia y en particular de aquellas en situación de vulnerabilidad".
El canciller Reina coincidió en que existe "un problema estructural producto de años de ineficiencia, que debe ser resuelto con urgencia", y respondió a Oacnudh que mantendrán un equilibrio "entre el respeto de los derechos humanos y la lucha directa contra el crimen en todas sus manifestaciones, incluyendo los centros penales".
Insistió en que la decisión de la presidenta Castro es "atender este tema de manera puntual con una visión y un enfoque que incluye además de los DD. HH.", pero subrayó "la firmeza para resolverlo".
Hechos violentos
El sábado pasado, en la cárcel de máxima seguridad "El Pozo I", en Ilama, Santa Bárbara, una reyerta supuestamente provocada entre reos de la Mara Salvatrucha y de la pandilla Barrio 18, dejó a una persona muerta y a otras dos heridas.
Ese mismo día, otros hechos violentos se registraron en el Centro Penitenciario de Támara y en la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso, conocida como "La Tolva".
Asimismo, hubo conflicto en la cárcel de máxima seguridad "El Pozo II", localizada en El Porvenir, Francisco Morazán, a 113 kilómetros de Tegucigalpa, la capital hondureña.
Según informaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INP), los sucesos dejaron, en total, a una persona muerta y a otras siete heridas, que continúan siendo atendidas en centros hospitalarios.
Un segundo amotinamiento se generó en El Pozo I el domingo, justo horas después de que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, anunciara la intervención en los centros penales del país.
Es necesario, dice el Conadeh
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, refirió en las últimas horas que, ante la "escasa formación de los agentes penitenciarios", es necesario "apoyarse en las fuerzas del orden público".
Al mismo tiempo, solicitó a la presidenta Xiomara Castro, quien está pendiente de informar en qué consistirá la intervención del sistema carcelario, incluir en la misión de intervención a integrantes del Conadeh y de la Oacnudh.
"En la medida que las recomendaciones se tomen en cuenta, serán menos las violaciones a los derechos humanos de esta población", declaró Izaguirre a medios locales.
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