El decreto suspende las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República, en 123 de los 298 municipios de Honduras identificados por las autoridades de Seguridad como conflictivos por la presencia de estructuras criminales.

El estado de excepción parcial comenzó a aplicarse en el país el 6 de diciembre de 2022 y desde entonces se ha ampliado por tres veces.

Con esta medida la población puede circular normalmente, ya que las acciones de los entes de seguridad se enfocan en acciones de registro y allanamientos para capturar a presuntos miembros de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla Barrio 18, y otras que han surgido en el país para cobrar extorsión y cometer otros delitos.

Medidas sin resultados, reclama oposición

Algunos diputados de oposición mostraron su rechazo al estado de excepción porque aseguran que pese a las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades de Seguridad, la delincuencia y violencia continúa a nivel nacional.

"Seguimos teniendo extorsión, masacres, feminicidios, incluso donde está impuesto este estado de excepción", indicó la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos.

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No obstante, el presidente de la comisión de seguridad en el Congreso Naciobal, Rafael Sarmiento, aseguró que si ha habido logros importantes con la ejecución del estado de excepción, como detención de integrantes de maras y pandillas, decomisos de armas, drogas, entre otros.

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Por su parte, el diputado Jorge Gámez, del Partido Nacional, señaló que el pueblo hondureño sigue sometido a la inseguridad que impera en el país, sin que se tomen acciones para atacar a los grupos organizados.

"No podemos ni controlar a los que están dentro de las cárceles y con esto nos quieren decir que vamos a controlar a los que están afuera", reclamó el legislador.

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El diputado liberal, Mauricio Villeda, también externó su oposición al estado de excepción, esperando que este no se amplíe más en Honduras porque "no está funcionando".

Beneficio de la duda

Por su lado, el también congresista liberal, Yuri Sabas, lamentó la situación de violencia que se ha desatado en las cárceles de Honduras -al menos seis tiroteos en cuatro presidios, con un muerto y más de una docena de reos heridos-, pero dijo que dará el beneficio de la duda a la Secretaría de Seguridad para ver resultados positivos en el marco de las medidas de seguridad ejecutadas con el estado de excepción.

La diputada del PSH, Maribel Espinoza, también debatió sobre el tema y presentó una moción para modificar la suspensión de garantías, tomando en cuenta la recomendación de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó al país en abril.

La CIDH recomendó a Honduras que el estado de excepción no puede ser parte de una política permanente de seguridad.

Las autoridades de Seguridad han revelado su interés de que el estado de excepción se mantenga durante todo el 2023.

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