Detallaron que tomaron notas de denuncias sobre la falta de justificación que demuestren la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la ampliación al estado de excepción, así como la ausencia de controles judiciales y legislativos que arropen dicha medida en el país.

“El Estado enfrenta un complejo contexto en materia de seguridad y violencia. En este contexto, el estado de excepción que se ha prorrogado en tres ocasiones y se ha extendido geográficamente hasta 123 municipios del país es una realidad”, detalló la secretaria ejecutiva de la CIDH, Ania Reneaum Panszi.

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También, agregó que la CIDH ha recibido denuncias sobre la falta de una justificación que demuestre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la ampliación de estas medidas.

Política permanente de seguridad

La CIDH recuerda el carácter excepcional y temporal de esta medida, que tampoco puede ser parte de una política permanente de seguridad.

Así también detallaron la información recibida durante su visita, misma revela inconsistencias en el registro de detenciones y que solo 25 de las 1,348 detenciones por violencia en el primer periodo estaban relacionadas al delito de extorsión.

“La CIDH ha sostenido durante esta visita, 87 reuniones, estas han incluido autoridades de las tres ramas del gobierno, cuerpos autónomos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, afrohondureños, pueblos garífunas", detalló la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay.

Así también con "defensoras y defensores de los Derechos Humanos, personas privadas de la libertad, la academia, los periodistas y representantes del sector privado y representantes religiosos. También hemos recabado testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos”, agregó.

Responsabilidad del estado

En relación a despidos y traslados arbitrarios de jueces y magistrados, la CIDH señala que es responsabilidad del estado garantizar un poder judicial independiente, con el fin de asegurar un estado democrático de derecho.

Advierten que sigue pendiente una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se ajuste a los estándares internacionales.

“Es la necesidad de fortalecer el estado de derecho, lo cual implica la independencia judicial, por una parte, y en segundo lugar el tener un estatuto que permita esa independencia judicial para todos los miembros de la judicatura, la inamovilidad de los jueces, que ellos tengan un salario digno”, dijo el comisionado relator, Carlos Bernál Pulido.

“Una de las observaciones preliminares que hacemos es señalar que se encuentra pendiente la promulgación de una ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se ajuste a los estándares internacionales en materia de independencia judicial”, enfatizó el comisionado de la CIDH, Joel Hernández García.

La CIDH, en conclusión, ve positiva la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que cuenta con paridad de género y la primera persona garífuna en su integración.

Estado de excepción

El estado de excepción en Honduras fue implementado por la presidenta de Honduras Xiomara Castro, a raíz de los altos índices de violencia y se realizaron diferentes operativos en diferentes colonias denominadas "calientes" por la criminalidad y trabajo de las pandillas.

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