El gobierno anunció el inicio del proceso de desmilitarización de los centros penales
en el país de manera gradual y la Policía Nacional volverá a ser la administradora del sistema carcelario.

La decisión se tomó bajo la justificación de tener un mejor control. Para ello también se nombró al comisionado de la Policía Nacional, Otoniel Castillo, como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Sin embargo, los criminólogos consideran que la solución a la crisis que pasan los centros penales no pasan por retornarle el manejo a la policía.

Para el caso, el abogado Gonzalo Sánchez dice que el problema es la corrupción. “Este tema requiere ser visto con pinzas. Primero estuvo la Policía Nacional a cargo de los centros penales y fue un fracaso. Luego se creó el Instituto Penitenciario y si bien es cierto bajó un poco los problemas en las cárceles, siempre sigue el trasiego de la droga y las armas adentro. Entonces, lo que hay es una fuerte corrupción en las
autoridades”.

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Oportuna remoción de militares de los centros penales

En ese contexto, sugirió que se trabaje en combatir ese flagelo removiendo lo que no es ético y nombrando a las personas idóneas en los diferentes cargos.

“Sacan a los militares y traen a la Policía otra vez, pero con la Policía ya se experimentó un fracaso en los centros penales, porque esta no tiene el entrenamiento, ni capacitación, como para hacerle todas las responsabilidades que implica”, señaló.

No obstante, el profesional del Derecho refirió que la remoción de los militares es oportuna, "porque la función que establece la Constitución de la República es otra. No custodiar las cárceles”.

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