Entre los bienes muebles e inmuebles que pasan al Estado figuran dos viviendas, dos vehículos y 13 cuentas bancarias, a raíz de los vínculos con el lavado de activos del alto jerarca policial, indicó este jueves en un comunicado el Ministerio Público hondureño.

El 9 de octubre de 2018, la Fiscalía acusó al comisionado de la Policía, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos.

Sin embargo, la justicia hondureña continúa sin dar con el paradero del alto jerarca de la Policía Nacional, quien está prófugo desde 2018.

El juicio penal por lavado está separado del proceso de privación de dominio, es decir, son dos causas distintas.

La defensa de Mejía puede interponer un recurso de apelación contra el fallo, que es la última instancia en este proceso.

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Según las indagaciones efectuadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), es injustificable un monto de L 17 millones identificado en su patrimonio familiar, en un periodo comprendido entre 2012 y 2017.

Al momento del requerimiento fiscal, el jerarca policial, en su condición de comisionado, devengaba un salario mensual de aproximadamente L50,400.

Su esposa, Denisse Yamileth Morales, que también fue acusada, fue condenada el 5 de febrero de 2021 a dos años de prisión tras haber sido encontrada culpable de asociación ilícita y cohecho.

Acusación

Según la investigación de la Fiscalía hondureña, entre 2012 y 2015, miembros de la Policía Nacional asignados en el departamento de Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar ganado sin ningún tipo de inconveniente, en un acto calificado como soborno.

Los cobros ilegales, apuntó en su momento el requerimiento fiscal, se intensificaron cuando Lorgio Oquelí Mejía Tinoco fue nombrado como jefe departamental de la Policía Nacional en Choluteca.

A partir de la designación del comisionado Mejía Tinoco como jefe, narró la Fiscalía, se conformó una estructura criminal integrada por miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI).

En las imputaciones se incluyó además a seis policías activos (en 2018) y tres que fueron depurados, quienes fueron acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.

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