El diputado por el partido Libre, Jari Dixon, dijo el sábado 23 de abril que no hay temor a demandas que puedan presentar los inversionistas hondureños de la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que fueron derogadas por el Congreso Nacional, pero si estos lo hacen, pueden ser acusados de traición a la patria y daños y perjuicios.
"Ellos están en su derecho de demandar, si quieren, pero deben entender que su estancia en Honduras es totalmente ilega", dijo Dixon en Hoy Mismo de Televicentro.
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Insistió que el Estado hondureño se reserva el derecho de procesar a los empresarios de las ZEDE por el delito de traición a la patria en su grado de coautores con políticos corruptos, y por daños y perjuicios, pues sabían que la Constitución las prohibía.
"Si quieren actuar, actúen pero el Estado de Honduras va a responder", remarcó Dixon dirigiéndose a inversionistas de las ZEDE.