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Ante ello, congresistas de las principales bancadas de oposición del Legislativo hondureño indicaron al programa 30/30 de TSi que no apoyarán tal cual la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo.
La diputada del Partido Nacional (PN), María Antonieta Mejía, manifestó que la bancada de su partido no acompañará la propuesta de Ley de Justicia Tributaria impulsada por el oficialismo.
"Sabemos que si hay buenos articulados que trae la ley y que podrían favorecer, no obstante, en el engranaje general, si la ley viene a afectar mucho el tema de los empleos, exoneraciones y no le beneficia a la microeconomía, pues lamentablemente no podemos apoyar este tipo de iniciativas", dijo Mejía.
Entre tanto, el parlamentario del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, señaló que continúan con la socialización la ley de reforma tributaria con empresarios y analistas financieros que conocen de materia tributaria.
"Hemos coincidido que esta ley -Justicia Tributaria- va a tener efectos negativos para la población hondureña. Si bien es cierto que hay malo empresarios que han abusado de de las exoneraciones, nosotros consideramos que es necesario revisarlas; pero eliminarla tenemos nuestras reservas como partido porque que le generará daños al país", señaló Ramírez.
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Por su parte, el congresista del Partido Liberal (PL), Marlon Lara, reiteró su oposición a que se aprueba tal cual la pretendida Ley de Justicia Tributaria, al asegurar que dicha iniciativa "atenta" contra la inversión privada y extranjera.
"Es por eso que desde que tuvimos acceso a esa ley, dijimos que si la envía así tal cual al Legislativo, propongo que inmediatamente se le devuelva al Poder Ejecutivo para que la socialicen con el Consejo Económico Social y diferentes sectores del país", apuntó Lara.
De su lado, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, indicó que como instituto político han estado votando en bloque (50 diputados) por leyes que favorecen al país.
"Desde que superamos la crisis hemos votado en bloque y lo seguiremos haciendo siempre y cuando sean leyes que favorezcan al pueblo hondureño. En este caso, ese dinero recaudado tiene que ir para la salud, educación, infraestructura y empleo", expuso Girón.
Análisis de expertos
A criterio del economista y catedrático universitario, Julio Raudales, aseveró que nadie con una mínima conciencia social, puede estar en contra de que los sistemas tributarios sean progresivos y justos.
"Para tener un sistema tributario justo, es necesario un diálogo (...) yo lo que veo que hay simplemente es que la eliminación de exoneraciones no implica una revisión o elemento que pretenda buscar la justicia en el tema tributario", manifestó Raudales.
El también expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, adelantó que de aplicarse la Ley de Justicia Tributaria como lo requiere el Ejecutivo, habrá "una corrida" de inversiones en el país.
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En ese sentido, el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ricardo Matamoros, enumeró dos "preocupaciones" que tiene sobre la reforma tributaria.
"La primera es que si necesitamos una reforma tributaria en Honduras, pero esta debe ser de tipo integral y ésta en particular no lo es", explicó Matamoros.
Seguidamente, agregó que "la segunda es que el público en general debe de entender que la política tributaria -cobrar impuestos- forma parte de lo que se llama política económica. Lo que pasa es que no estamos viendo la coordinación de toda la política económica".
Reforma tributaria
El Gobierno de Honduras impulsa un cambio en la legislación tributaria con la que, asegura, busca mejorar la distribución de la carga fiscal a través de la eliminación de exoneraciones otorgadas hasta por 40 años.
Lo anterior implica la eliminación de 18 de los 18 regímenes de exoneración.
Asimismo, eliminar el secreto bancario y la condonación de deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal, entre otras cosas.
La propuesta es rechazada por varios sectores de Honduras, entre ellos el sector privado, por considerarla "malintencionada". También, que profundizará "más" la difícil situación de los más pobres.
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