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El dirigente empresarial de la zona norte de Honduras explicó que, a diferencia de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno y que contempla eliminar regímenes de exoneraciones fiscales, el pacto fiscal se orienta a revisar qué tributos son los que se quieren cobrar y cómo se van a gastar por parte del Estado.
"Creo que los sectores si quisieran participar (para conocer) la manera en cómo se invierten esos recursos que pagamos, porque vemos que hay muchas decisiones que no van acorde a la realidad nacional. Hay que ser austeros en el gasto", indicó Facussé en radio HRN.
Eduardo Facussé manifestó que el Gobierno no está estimulando a los sectores que necesitan para dar un empuje económico al país, como el agro, construcción de vivienda, energía y manufactura.
Consensos sobre reforma tributaria
Es por esa razón que Facussé abogó al Gobierno para que en lugar de elevar la tensión por el tema de la Ley de Justicia Tributaria, abra espacios de diálogo con el sector privado para asumir juntos compromisos por el bien de Honduras.
La discusión de la reforma tributaria "ha sido un proceso lleno de polarización y confrontación, y la falta de entendimiento está causando una caída en la credibilidad de nuestro país de la inversión, la está alejando, y nos preocupa el resultado final", dijo Facussé.
En ese sentido, el presidente de la CCIC reiteró el llamado del sector privado al Gobierno hondureño para buscar consensos mínimos antes de que el Congreso Nacional apruebe esa ley, que está en socialización con diferentes sectores.
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"No dudamos de que de repente se tengan ya los votos para aprobar esta ley, pero el daño que va a causar esto a nuestro país, por aprobar una ley que no goce de los consensos mínimos del sector privado, sería un retroceso que realmente va a opacar cualquier avance que se logre en el tema tributario", advirtió el líder empresarial.
Al mismo tiempo, Eduardo Facussé recordó que es la empresa privada la que más genera inversión en Honduras. En 2022 el sector privado invirtió 149 mil millones de lempiras, mientras el sector público apenas generó 19 mil millones.
Derecho a protesta
El titular de la CCIC también reiteró que es "desacertado" el llamado que hizo la presidenta Xiomara Castro en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para investigar a quienes hayan promovido la protesta en Choluteca, al sur del país, por temor a perder sus empleos si se aprueba la Ley de Justicia Tributaria
El derecho a la manifestación pacífica está protegido por la Constitución de la República, recordó Facussé.
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La protesta fue realizada el 9 de mayo por parte de empleados de empresas camaroneras, meloneras y de ocra y, según el Gobierno, fue "manifulada y financiada" por lo que mandó a hacer una investigación, y con medios probatorios deducir responsabilidades y ejecutar acciones conforme a ley.
Al respecto, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, calificó de "provocativas" las acciones del Gobierno, ya que la protesta se realizó de manera pacífica, contrario a las que hizo el partido Libre 12 años antes de llegar al poder y que a ellos "no se les investigó".
