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El Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa extendió el jueves 10 de marzo, en aplicación del decreto de amnistía política, carta de libertad a favor Enrique Urbina Ayala, quien estaba acusado de incendiar un camión militar durante una protesta de la extinta Alianza de Oposición contra la Dictadura el 15 de diciembre de 2017.
La resolución, que se emitió en la audiencia de extinción de responsabilidad, representa que Ayala recibió un sobreseimiento definitivo.
A Eduardo Urbina Ayala se le acusó por los delitos de incendio agravado contra la Secretaría de Defensa, así como por uso de material de guerra y atentado contra la seguridad interior del Estado de Honduras, según confirmación de la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo.
Según el requerimiento fiscal, Ayala fue parte de un grupo de seguidores de la Alianza de Oposición contra la Dictadura que incendió un camión de las Fuerzas Armadas en protesta por un supuesto fraude en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 que ese colectivo alegó que fue víctima.
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El candidato presidencial de esa alianza, conformada el Partido Innovación y Unidad y Liberad y Refundación fue Salvador Nasralla.
En dichos comicios fue reelecto como presidente Juan Orlando Hernández para su periodo, el 2018-2022.
Urbina Ayala ha sostenido que es inocente, pues cuando sucedió el hecho se encontraba en Costa Rica, país en donde logró asilo político.
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Carta de libertad a favor de Eduardo Urbina
La portavoz del Poder Judicial informó que la carta de libertad definitiva fue entregada a la defensa del imputado, ya que este no se presentó a la audiencia por estar fuera del país.
Por su parte, Eduardo Urbina podría regresar al país en cualquier momento luego de ser favorecido con la aplicación del decreto de amnistía política.
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Decreto de amnistía política
El decreto legislativo 4-2022 publicado en el diario oficial La Gaceta el 5 de febrero de 2022 tiene como propósito exculpar los presos o perseguidos políticos o de conciencia.
Con este decreto quedarían en libertad quienes hayan sido objeto de acción penal pública, hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firma y en ejecución ante los tribunales de la República.
Del mismo modo, el decreto también exculpará de sus acciones o comisión de delitos en el contexto del golpe de Estado de 2009 a diversos políticos hondureños.
Esta amnistía ha sido criticada por diversos sectores que calificaron su aprobación como un "nuevo pacto de impunidad en Honduras".
